NUEVAS AMENAZAS DE MUERTE EN CONTRA DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO, ASÍ COMO EL SABOTAJE DE SU PÁGINA WEB
(Colombia) (Autor: Corporación Jurídica Yira Castro)(Fecha: Febrero 16 de 2009)
El día 4 de febrero, llegó al correo electrónico de la Corporación Jurídica Yira Castro y al de la Coordinación Nacional de Desplazados un nuevo mensaje de amenaza, dirigida contra las ABOGADAS IRENE LÓPEZ y CLAUDIA ERAZO, miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro y contra el líder de población desplazada RIGOBERTO JIMENEZ; emitida desde: aguilas.negras@yahoo.es.
El correo dice textualmente: "Señores de la Yira Castro: Irene López y Claudia H, en el 2008 estubimos tras sus paso vigilando sus que aceres diario y hemos comprobado que ustedes continuan a pollando a la coordinación Nacional desplazados y Congretamente al Guerrillero de la Farc Rigoberto Jimenez que secre que pro que el estado le brindo proteccion se va a escapar de nosotros te nemos orden espresa del bloque capital de las Aguilas negras de asisinarlo lo antes posible y si toca darles a los escoltas lo sintimos por ellos, y si la yira castro continuan a pollando a ese Guirrillero no respondemos
Atentamente
Aguilas Negras AUC Bloque Capital"
Este es el octavo correo electrónico que desde julio de 2.007 hemos recibido con idéntico lenguaje, mismo objetivo y al parecer idéntico remitente. Sin embargo, a la fecha, ninguna respuesta hemos obtenido de los órganos investigativos del estado que nos permitan identificar de donde provienen y quienes son los responsables.
A esta situación, se suma el que desde el día martes 3 de febrero hasta el domingo 8 del mismo mes, nuestra página web estuvo bloqueada, siendo informadas por los administradores del hosting que esto se debió a la manipulación y sabotaje de un hacker.
Estos nuevos hechos se suman a una serie de ataques y hostigamientos que la CJYC ha recibido desde hace año y medio. En junio de 2.007, la CJYC fue víctima del saqueo de su sede y del robo de importante información relacionada con procesos por desplazamiento forzado y despojo de tierras; adelantados en defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las victimas del desplazamiento; en los procesos iniciados en aplicación de la llamada ley de justicia y paz. Así mismo, desde el mes de julio de 2.007 hasta la fecha, hemos recibido junto al líder de población desplazada Rigoberto Jiménez, una serie de amenazas de muerte por parte de presuntos paramilitares que operan en la ciudad de Bogotá.
Es igualmente un revelador de la falta de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia, que los actos de ataque, hostigamiento e intimidación de que somos víctimas, solo lleven a la apertura formal de investigaciones penales, sin que se adelanten con la diligencia y competencia que la gravedad de los hechos demanda. No hace falta reiterar que las denuncias penales por nosotras interpuestas, se encuentran actualmente archivadas, sin que se haya producido ninguna decisión de fondo en las mismas.
Con relación al bloqueo de nuestro sitio web, consideramos pertinente resaltar que uno de los correos electrónicos de la Corporación Juridica Yira Castro, fue objeto de la controvertida orden de interceptación emitida por un fiscal especializado de la Unidad Antiterrorismo, la cual fue conocida en el mes de noviembre de 2.007. Dicha orden emitida con base en un informe de inteligencia de la Policía Judicial, que señalaba una presunta red de apoyo a grupos insurgentes; devela una vez más, la fuerte estigmatización oficial a nuestra labor. Si bien esta orden en teoría fue revocada, desconocemos los múltiples procesos penales en los cuáles con base en dichos informes, nuestras comunicaciones son objeto de escudriñamiento. Este hecho revivió la histórica solicitud del movimiento de derechos humanos, por conocer y depurar los archivos de inteligencia que contengan información sobre ONG y personas vinculadas a estas; hecho que hace parte de las ya reiteradas recomendaciones de la comunidad internacional y en particular de la OACNUDH al gobierno colombiano en materia de derechos humanos.
Por ello, consideramos urgente elevar al estado Colombiano las siguientes solicitudes:
Adelantar las investigaciones penales tendientes al esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los responsables.
Brindar las medidas de protección necesarias para garantizar la vida e integridad física de RIGOBERTO JIMENEZ y su familia, así como de los miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro.
Informar el estado del proceso de descubrimiento y depuración de los archivos de inteligencia en los que figuran personas y organizaciones vinculadas al trabajo de defensa de derechos humanos, en especial, aquellos en los cuáles es mencionada la Corporación Juridica Yira Castro y sus miembros.
Pronunciarse públicamente en contra de estos actos de ataque y reconocer la legitimidad de nuestra labor, así como la emprendida por las víctimas del desplazamiento forzado y de sus organizaciones.