Las resistencias, portadoras de esperanza en Colombia, cada vez son más heroicas

Las resistencias, portadoras de esperanza en Colombia, cada vez son más heroicas. En el exterior, cuentan con mas visibilidad que la que tienen en un su propia país que solo permite que por las rendijas dejadas por los medios masivos se sepa de su persistencia en la afirmación de derechos, en la defensa de sus territorios, de su dignidad por encima de la infamia.

Los nombres, de las que mas se han dejado ver permiten albergar la esperanza de que no todo está perdido: Zonas humanitarias del Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó, Meta, Dabeiba, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Resistentes de Buenaventura, Naya, Putumayo, víctimas de la Unión Patriótica, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movimiento sindical que se resiste a ceder, Defensoras y Defensores de derechos humanos que se mantiene fieles a los derechos de los pueblos, a la tradición de la dignidad humana, dirigentes que renuncian a lo “políticamente” correcto, sectores de iglesias que afirman los fundamentos de sus iglesias frente a las alianzas entre el poder vigente y sus instituciones.

Otras y otros, que como ellas y ellos, nadan en contra corriente, que actúan como fermento en la masa, que son como la sal en el caldo,(comida) como la luz encima de la mesa, como la semilla en la tierra, como el trigo entre la cizaña, que creen que no hay nada oculto que no vaya a saberse, ni oscuro que no salga a la luz, que prefieren andar el camino estrecho que conduce a la vida, que el ancho que lleva a la perdición, que asumen la bienaventuranza de la persecución por causa de la justicia y que temen a los que matan el alma con la seducción mas que a los que matan el cuerpo.

El heroísmo de estas resistencias se mide por la magnitud de los mecanismos institucionales de terror y seducción en Colombia, que se entrecruzan con un contexto internacional de aceleración de las lógicas del mercado y de implementación de la guerra preventiva, guerra contra el terrorismo.

Su profundo significado ético radica en que persisten a pesar de la generalización del vaciamiento del contenido de lo que es lo bueno, lo justo, lo bello, lo sublime, lo santo; en que se mantienen en una esperanza que no es equiparable al éxito, a sensaciones de corto plazo o a resultados inmediatos.

El que sigue, es otro intento de mirar el contexto de Colombia, desde la mirada de las costosas esperanzas de las que son portadoras las minorías persistentes y resistentes, desde el pequeño hacer que parece no tener frutos a corto plazo, desde una realidad en la que los sectores de poder afirman que el país va bien y saben, por la estrategia mediática y la estrategia de seducción, generalizar en las mayorías la sensación de que es cierto.

En 2008 se completa los 48 años de implementación de la estrategia paramilitar en Colombia en los que documentos “secretos” de las Fuerzas Militares de Colombia, testimonios de víctimas, de militares, paramilitares y pronunciamientos de altos oficiales, dejan ver que se trata de una estrategia que tiene su origen y desarrollo en el seno del mismo estado colombiano. ¿y la responsabilidad de E.U..? para cuidar las inversiones de las multinacionales.?

El 26 de septiembre de 2003 se constituyó en un hito para Colombia por haber sido el día en que todos los medios de información hicieron un gran escándalo por lo que llamaron la “paramilitarización del país”. Este “descubrimiento” del agua tibia, recogió las denuncias y análisis que por años, crimen a crimen, control territorial a control territorial,venían haciendo las víctimas de estas estructuras encubiertas y las organizaciones de derechos humanos en decenas de informes y procesos judiciales que llegaron a tener fallos en el sistema interamericano.

Ese día el diario El Tiempo, el mas influyente periódico de Colombia, habló de cuatro etapas en el desarrollo del paramilitarismo, que dan buena cuenta de la inserción económica, social y política de esta estrategia, que nos permite hoy, 5 años después, afirmar que la situación es tan grave para los pueblos y cualquier Estado de Derecho, ya que sobre esa base se cimentaron los “logros” de la política de Seguridad Democrática y deL Estado Comunitario del actual gobierno.

Estas etapas del paramilitarismo pasan por: 1) El terror mediante masacres que marca el ingreso de paramilitares a determinados territorios, generando desplazamientos masivos 2) Los asesinatos selectivos para eliminar los sobrevivientes que persisten en procesos de afirmación de derechos y penetración paulatina en circuitos políticos, económicos y sociales; 3) El trabajo comunitario aceptado por las personas que prefieren no abandonar sus tierras, que se incorporan a proyectos de inversión social y productivos como la palma aceitera controlados por paramilitares 4) la consolidación del dominio real del territorio mediante formas de legalización de las expropiaciones y negocios, recepción de recursos públicos a través de asociaciones tipo ONG.^¹

Las cifras en solo 23 de los últimos años (1982- 2005) de este caminar del horror en medio de una “democracia”, son contundentes: cerca de 5 millones de desplazados, 3.500 masacres, 15.000 desapariciones forzadas, 4.000 fosas comunes, 1.700 indígenas asesinados, 2.550 sindicalistas asesinados, 5.000 dirigentes de izquierda asesinados, la Unión Patriótica, un partido político de izquierda totalmente exterminado, mas de 6.000.000 de ha expropiadas y en poder de paramilitares.

Ya el jefe paramilitar Salvatore Mancuso había afirmado que poseía el control del 35% del congreso de la república, mostrando que no se trata solo de un control local y regional sino nacional y del órgano que decide el rumbo legislativo de la nación. Hoy la Corte Suprema de Justicia, la única institución que ha demostrado independencia del poder ejecutivo y que ha sido objeto de un fiero ataque del gobierno, ha vinculado a 65 representantes a la cámara y senadores de la República, 30 de los cuales se encuentran privados de la libertad por paramilitarismo en un escándalo conocido como la parapolítica, que a pesar de la gravedad que contiene, no logra reacciones contundentes de la sociedad y no minan la popularidad que le dan las encuestas al presidente Álvaro Uribe, que después de casi 6 años de gobierno, goza, de un 85% de aceptación, aún cuando casi el total de los congresistas involucrados, forman parte de la coalición política que lo llevó al poder tanto en el primero como en el segundo mandato.

Una vez alcanzado el control de los territorios en las fases anteriormente descritas, el gobierno de Álvaro Uribe inició un proceso de legalización de las estructuras paramilitares en forma de una negociación, que ofreció todas las garantías a los criminales de que sus actuaciones quedaran en la impunidad. Este procedimiento es calificado por las organizaciones de derechos humanos como la operación de impunidad mas grande de todos los tiempos en Colombia

El proceso inició en diciembre de 2002, cinco meses después de haberse posesionado como presidente Alvaro Uribe con la “concentración” de jefes paramilitares en Santafé del Ralito Córdoba. Un año y medio después esta zona de encuentro, se dio por terminada por las presiones de organizaciones de Derechos Humanos, algunos medios de información y sobre todo de los Estados Unidos, ante la imposibilidad de seguir sosteniendo que ese lugar era para impedir que siguieran delinquiendo y avanzar en las negociaciones.

Se supo que desde allí ordenaron nuevos crímenes, coordinaron el tráfico de estupefacientes, organizaron bacanales, se ocupaban en pasatiempos exóticos. Luego fueron conducidos a la cárcel de Itaguí, en Medellín allí se hallaron grandes sumas de dinero y armas pertenecientes a esos paramilitares recluidos. Desde las libertades de esas prisiones, se entiende que el número de asesinatos cometidos por paramilitares desde el inicio de ese proceso, mediando un cese de hostilidades, que nunca fue tenido en cuenta para avanzar con las dádivas, del 1 de diciembre de 2002 al 30 de junio de 2007 a 3.530 sin que el gobierno se inmute.

El gobierno gestionó la ley 975, aprobada por el congreso a imagen y semejanza de los paramilitares que les permitía, confesiones en las que no era obligatorio decir toda la verdad, el reconocimiento político como si se tratara de un grupo que se levantó en armas contra el Estado y la aceptación como parte del cumplimiento de la pena, el cerca de año y medio en que estuvieron concentrados en Santa Fé de Ralito. La Corte Constitucional les aguó la fiesta al quitarles el reconocimiento político que les otorgaba esa ley, la negativa a aceptar que Santa Fe de Ralito fuera una cárcel y la obligación de contar toda la verdad so pena de perder los beneficios de la ley.

No obstante estos logros, crímenes que por lo menos tendrían una pena de mínimo 40 años, quedaron reducidos a penas entre 5 y 8 años, que podrían ser menos si se argumenta buena conducta. De otra parte quienes reconocieron cometer crímenes de lesa humanidad en la lista del alto Comisionado de paz, fueron unos 3.200 miembros, de los cuales el Estado solo ha capturado 55; esto impone la obligación de capturar a los demás para que sean investigados, juzgados y sancionados, mas sin embargo poco se habla de ellos en los pasillos de las instituciones del Estado compelidas a hacerlo. Todo esto implica una impunidad casi del 100% con relación a los aproximadamente 36.000 desmovilizados que se presentan en las listas oficiales.

El gobierno nacional, constituyó a su amaño la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación desde la que pretenden responder a los clamores internacionales de Verdad, Justicia y Reparación, planteando la “reparación administrativa” como camino para indemnizar a las víctimas, pagando de 15 a 17 millones de pesos por cada una de ellas. Se supone que el fondo de reparación se nutriría con los bienes confesados por los desmovilizados, sin embargo los bienes que se declaran requieren de mucha inversión para sanearlos, o como lo ha revelado la revista Semana (20-26 de abril del 08) son bienes de sus propias víctimas o de sus enemigos, imposibilitando, de manera perversa la reparación por la vía económica. Con los bienes proporcionados, de acuerdo con la misma fuente, solo se podría pagar cerca de 8.000 pesos (4 US) a las víctimas.

La impunidad y la mentira, son los motores del espiral de violencia. El presidente de la republica ha declarado públicamente, que el paramilitarismo ya quedó liquidado. Importantes informes de la CIDH, la MAPOEA y entidades del establecimiento como la Fundación Seguridad y Democracia, entre otras muestran el mapa de la reingeniería paramilitar en Colombia, en las mismas zonas en que se celebraron los eventos de desmovilización: 78 casos de rearme, hacen presencia en 169 municipios tienen nuevas denominaciones como son “águilas negras”, Organizaciones de Nueva Generación, entre otras^².

Los efectos en la moralidad de los ciudadanos son enormes. Aquellos que con crimen quisieron combatir el crimen cometiendo actos de barbarie que hieren cualquier sensibilidad humana, quedan prácticamente sin castigo, dejando el mensaje a la sociedad que matar no tienen costos jurídicos ni sociales. Contra toda evidencia se habla de desmonte efectivo de paramilitares en la voz del máximo mandatario de Colombia queriendo imponer una mentira como verdad, falseando la realidad, dejando el mensaje de que lo que acontece no es lo cierto, que la verdad es lo que se predica.

En este proceso de reingeniería paramilitar y surtidas las fases de desarrollo de la estrategia estatal, en lo que va corrido del actual gobierno las cifras muestran una disminución considerable de crímenes atribuibles a las estructuras paramilitares y un aumento notorio de las atribuibles directamente las fuerzas militares del Estado. Sin embargo, la lógica de lo militar y lo paramilitar para la comisión de los crímenes es idéntica pues obedece a la comprensión de que la guerrilla se camufla en la población civil, luego todos los civiles pueden ser considerados como guerrilleros y en consecuencia blanco de las actuaciones militares y paramilitares.

Como lo han mostrado la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo y el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos de manera cuantitativa y de modo cualitativo en los lugares que hace presencia la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el aumento de desapariciones forzadas y asesinatos por parte de la fuerza pública ha sustituido los crímenes bajo la actuación paramilitar.

“julio de 2002 y junio de 2007, por lo menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales y 235 desapariciones forzadas atribuibles directamente a la fuerza pública. Dentro de este quinquenio, el último año (julio de 2006 a junio de 2007) fue en el que se registró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, pues por lo menos 236 personas fueron ejecutadas directamente por la fuerza pública frente a los 198 casos registrados entre julio de 2005 y junio de 2006. Durante el mes de enero de 2008, se han registrado 13 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas directamente a la fuerza pública. Cuatro de las víctimas eran indígenas y una sufría discapacidad mental”^³.

Ante la reacción internacional que esta constatación ha tenido, al punto de repercutir claramente en el congelamiento de la aprobación del TLC en el congreso de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia ha recurrido a la elaboración de resoluciones del Ministerio de la Defensa, para mostrar su compromiso de superar este tipo de actuaciones.

Las mismas directivas del Gobierno , como se demuestra en el documento que estamos citando, consignan que los guerrilleros visten de civil y que se están adelantando acciones para intentar desprestigiar al gobierno en el concierto internacional, en clara alusión a las organizaciones de derechos humanos y en desconocimiento del derecho humanitario que protege a los civiles del involucramiento en el conflicto armado interno.

Las guerrillas en Colombia, en particular la dos que persisten en la lucha armada en la actualidad, el Eln y las Farc, tienen su origen en la constitución de grupos de defensa campesinos para frenar el latifundismo que al inicio de la década del 60 estaba amenazando sus propiedades. Desde esa fecha hasta hoy así como se han dado diversos intentos de salidas política que conduzcan a un paz estable y duradera, se han roto confianzas y se ha intensificado la confrontación armada, al punto que gobierno como el actual tienen como una de las metas fundamentales la derrota de estas guerrillas para posibilitar una negociación que le sea favorable.

Los costos de esta confrontación son muy altos para la sociedad colombiana, por el peso que el estado da a la derrota militar de la insurgencia y la condición de los retenidos o secuestrados por las guerrillas que hace urgente que el clamor de los familiares, las organizaciones de paz y derechos humanos vienen haciendo de se establezca un acuerdo humanitario para resolver de una vez por todas este drama humano.

Desde el gobierno del presidente Pastrana la intervención en el conflicto por parte de los Estados Unidos se hizo mas evidente a través del Plan Colombia que anualmente entrega recursos para instalación de radares, asesoría en inteligencia humana y técnica, equipamento, creación de nuevas unidades militares, presencia de soldados estadunidenses, presencia de contratistas militares estasdounidenses. Esta ayuda militar es la tercera mas grande que entrega Estados Unidos a un país, después de la otorgada a Israel y a Egipto.

El gasto militar se lleva en Colombia el 6.5% del total del PIB, superando el total de las transferencias que se hacen para salud, educación y saneamiento ambiental. En Colombia hay 5 soldados por cada mil habitantes y el total de miembros de las fuerzas militares y de policía asciende a 400.000 cuando países como Ecuador cuentan solo con 40.000, como lo manifestó el presidente Correa en entrevista reciente a medios internacionales de información.

Este incremento del pie de fuerza en el marco de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe y el apoyo irrestricto del Plan Colombia de Bush se profundiza con el proceso de militarización de la vida civil nacional provocado por el actual gobierno. La meta de informantes y cooperantes ligados a brigadas militares es de 5.000.000 de personas, se reclutan soldados campesinos para que ejerzan funciones militares en sus propias comunidades y la inversión social en los sectores donde el conflicto ha sido mas intenso, está condicionada a la participación de los beneficiarios en esquemas cívico militares.

No obstante la reconocida trayectoria internacional de la confrontación en Colombia; de las calificaciones de las agencias autorizadas de naciones Unidas y de la presencia por décadas del Comité Internacional de la Cruz Roja, como garante del DIH, el gobierno nacional se empeña en sostener que en Colombia no existe conflicto armado y en afirmar que lo que acontece es una amenaza terrorista^⁴.

Esta calificación que se inscribe en el escenario de análisis que devino del 11S es la justificación que se esgrime para dilatar acuerdos humanitarios, cerrarse a la posibilidad de una salida negociada al conflicto y agredir países vecinos como vienen ocurriendo con la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y Nicaragua.

Desde febrero 2007 el gobierno colombiano preparó el documento “Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social (2007-2013)” en el que plantea a la cooperación internacional, particularmente a la estadounidense, la necesidad de que continúen aportando de manera decisiva para fortalecer los logros de la política de seguridad democrática logrados gracias al plan Colombia. Este documento ha sido conocido como Plan Colombia II dando cuenta de el modo como se plantea la guerra hasta el 2013.

El gobierno de Colombia, concluye que sin control de la población no hay control militar de los territorios, por tanto, la inversión social en sectores donde el conflicto es mas intenso, pasa por la coordinación entre entidades civiles y militares para llevar la ayuda a las comunidades. El diseño de esta estrategia lo llama Doctrina de Acción Integral (DAI) que revive la Doctrina de Seguridad Nacional conocida en toda América Latina.

Los nueve principios que orientan esta doctrina ubican el reconocimiento de las necesidades de la población, la coordinación de lo civil y lo militar para el control de los territorios, interdependencia entre todas las acciones militares y sociales, las fuerzas militares y de policía adelantan acciones civiles y sociales, el objetivo es el control desde lo local y se considera que esta estrategia es de mediano y largo plazo.

La coordinación de esta doctrina está a cargo directamente de un funcionario asignado por el presidente de la república quien organiza el Centro de Coordinación de la Acción Integral (CCAI) integrado por las fuerzas militares, el gobierno nacional y un padrino que es un empresario de cada una de las 20 localidades que se priorizan para esta intervención.

Este modelo de intervención cívico-militar, viene implementándose en zonas como el Bajo Atrato Chocoano afectando directamente los procesos organizativos de comunidades Afrodescendientes y mestizas del Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó, territorios pertenecientes ancestral y legalmente a las comunidades, pero afectados por la implementación ilegal de proyectos agroindustriales como la palma aceitera y plátano y por los procesos de extracción minera. El control social de los territorios está en función del mercado global, como claramente lo tienen establecido la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

En este proceso la seducción, compra de conciencia, las complicidades por dádivas ofrecidas por empresarios, militares y gobierno a indígenas, campesinos y Afrodescendientes, se está convirtiendo en un factor determinante de la estrategia para intentar minar las resistencias de significativos sectores de las comunidades en defensa de sus vidas y sus territorios.

Se trata de la compra de conciencias que implica la muerte de las resistencias para quienes son presa de ellas. Se trata de la muerte del alma, aquella a la que el evangelio le teme, la que es mas grave que la muerte del cuerpo, aquella muerte de la dignidad por unas cuantas dádivas.

El 1 de marzo se constituyó en otro hito para la historia de nuestro continente. Fuerzas militares de Colombia, haciendo uso de tecnología de punta incesaron al territorio ecuatoriano, bombardearon un campamento del segundo hombre de las FARC: Raúl Reyes, sin el conocimiento del presidente de ese país, Correa. En ese ataque fueron asesinadas 23 personas, entre las que se encontraban estudiantes mexicanos y un ecuatoriano.

De acuerdo con la constatación hecha por Alfredo Molano y publicada por el semanario El Espectador, a menos de dos kilómetros del río Putumayo y unos 30 de Puerto Asís, la innegable presencia de las FARC en el Ecuador, fue aniquilada mediante un sofisticado bombardeo con “10 bombas de 500 libras cada una que lanzó la Fuerza Aerea Colombiana…Las bombas cayeron perpendiculares, porque fueron disparadas desde lejos por los aviones. Es decir, estos proyectiles mortíferos, conocidos como paveway II, son guiados por una combinación de GPS y rayos laser y no tienen una trayectoria curva sino que recorren la distancia en una forma paralela a la superficie de la tierra, para luego caer sobre el objetivo como meteoritos. Tecnología de punta”^⁵ que dicho sea de paso, no posee Colombia ni ningún país del continente distinto a los Estados Unidos.

A raíz de este ataque a lo Israel, se desató una crisis diplomática de grandes proporciones en la que debió intervenir el grupo de Río y la Organización de Estados Americanos. Los dos escenarios coincidieron en rechazar la actuación de Colombia, como una agresión a la soberanía de Ecuador, violatoria de los tratados internacionales. Por su parte el gobierno de Colombia, no ha hecho más que justificar la agresión, usando toda clase de artilugios, para intentar involucrar al gobierno dentro de la estrategia diplomática de las FARC.

Aparte de la violación de la soberanía ecuatoriana, el hecho tiene otras implicaciones de carácter global. Es de recordación obligada, guardando las justas proporciones, la argumentación del presidente de Estados Unidos George Busch para justificar el inicio de la ocupación contra Irak, que consistía en afirmar que en ese país existían plantas nucleares, sustentación que fue desestimada por la verificación adelantada por las mismas Naciones Unidas. No obstante los resultados, la ocupación se adelantó y persiste hasta este momento.

En Colombia este tipo de justificaciones para el control de los territorios en función del mercado global, ídolo de oro de estos tiempos, ha sido suficientemente ilustrado en el desplazamiento forzado de que han sido víctimas las comunidades afrodescendientes del Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Naya, Calima, Buenaventura... En todos los casos, los desplazamientos forzados se adelantaron, por parte de militares y paramilitares, con el pretexto de combatir a la guerrilla de las FARC y en todos los casos se proyectan o se están implementando proyectos económicos de envergadura global. Hoy estos calificativos empiezan a extenderse a los países que afirman su propia soberanía, el acuerdo humanitario y la paz en Colombia desde la posibilidad de una salida política negociada.

En este marco perverso, de la guerra contra el terrorismo, desde luego, la dignidad de los retenidos o secuestrados, es decir, las razones humanitarias que deberían inspirar la búsqueda de una salida a su drama, el de sus familiares y el de todas y todos los humanos del mundo que repudiamos toda privación arbitraria de la libertad, no ha merecido ninguna consideración efectiva por parte del Gobierno de Colombia.

En ese sentido llama la atención que un país del llamado primer mundo, de tradición democrática, como es el gobierno Francés, manifieste sin ambages en boca de su ministro de relaciones exteriores, a raíz de los últimos acontecimientos, la gravedad de los hechos, en razón de que uno de los guerrilleros muertos era con quien ellos estaban conversando para la liberación de la ciudadana colombo francesa Ingrid Betancourt y los demás secuestrados.

3. Acciones de incidencia de cara a la consecución de un acuerdo humanitario en Colombia entre el estado colombiano y las guerrillas de las FARC y el ELN, que conduzca a la liberación de secuestradas y secuestrados y que inicie el camino de una salida política negociada al conflicto interno que padece Colombia y afecta el área andina.

4. Presencia en Colombia mediante encuentros, delegaciones que involucren las experiencias de afirmación de derechos que hacen resistencia en Colombia.

2 Fundación Seguridad y Democracia. El Nuevo Escenario Paramilitar, http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/conflictoArmado/parasNuevoEscenario.pdf

3 Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, A pesar de las Directivas las ejecuciones extrajudiciales continúan, documento presentado ante la Consulta con la Embajada de Estados Unidos el día 12 de Marzo de 2008.

4 Después de la liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo Gonzáles iniciando 2008, el director de CICR en Colombia Yves Heller sostuvo una entrevista al diario argentino Página/12 en la que expresa sobre el conflicto colombiano “En Colombia el Cicr es el guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Acá el Estado se está enfrentando con grupos armados organizados que tienen cierto control de un territorio, que están generando consecuencias humanitarias, que ejercen operaciones militares sostenidas y concertadas, y que tienen un cierto mando, cierta organización militar. Por eso, para el Cicr existe en Colombia un conflicto armado interno y debe aplicarse el protocolo II de Ginebra en estas situaciones”, afirmó, aclarando que el Cicr “no se mete con la discusión sobre el terrorismo”.

5 Molano, Alfredo, El Bombardeo, el ataque al campamento de ‘Raúl Reyes’, El Espectador, semana del 6 al 12 de abril de 2008, p 6ª.