Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
A la asamblea del SICSAL
LLAMADO DESDE COLOMBIA A NADAR CONTRA CORRIENTE
Dijo Dios: «Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores; pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perizitas, de los jivitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, pues, ve; yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto.» (Ex 3, 7-10)
La tradición judeo cristiana nos muestra a un Dios de parte de los pobres, de las víctimas, de los excluidos y esa palabra la interpretamos en Colombia desde el contexto construido por las nuevas formas de esclavitud, nuevas formas de opresión, que se arraigan en modelos de sociedad excluyente, autoritarios, que matan con hambre, que matan con balas, y que pretenden matar el alma. Para los creyentes la solidaridad con los sometidos es el signo visible de la fidelidad al Evangelio, uno de los “lugares teológicos” propios, el hambre no es de unos, es de millones es de muchos, la explotación no es de unos es de todos, la imposición del modelo excluyente de mercado es de todos, las prácticas imperialistas son contra todos, aquellos que caminan a contracorriente, los nuevos restos de Israel, que aquí y allá afirman su dignidad, la de sus pueblos.
La realidad de los restos” que se resisten a la fuerza arrolladora de “los imperios” en Colombia.
Las resistencias civiles frente a las causas de la guerra en Colombia, son la expresión de experiencias pequeñas, de restos que ante la expoliación, los destrozos ecológicos, la producción neo aparcera y de monocultivos, la firma de un tratado de libre comercio, los proyectos de infraestructura del capital internacional y las prácticas antidemocráticas patriarcales, construyen modelos de sociedad que enfrentan la impunidad y la privatización territorial. Ellos son una minoría que eventualmente, en otro momento, serán la expresión social de lo alternativo, ahora son fermento de esperanza en medio de la persecución sistemática del Estado, de las confrontaciones armadas y de la privatización territorial.
Resistir es nadar contra la corriente, por esto toda resistencia, en todos los tiempos, en todos los lugares ha significado doblar esfuerzos, ir contra la corriente. Hoy el río es de alta pendiente, de gran cauce y de fuerte corriente, por esto nadar resistiendo a estas condiciones requiere de un esfuerzo mucho mayor que en otros tiempos.
El río de alta pendiente, de gran cauce y de fuerte corriente por la que pasamos hoy, corresponde con el proceso de reingeniería militar que vive Colombia, que se intensifica y que tiene dimensiones globales con un papel que entra a jugar en el área latinoamericana y en el hemisferio en función de la mercantilización de los territorios, parte del mercado global excluyente.
Son resistencia porque persisten ante diversas formas de imposición y de exclusión, son resistencia porque afrontan la guerra militar y sus causas, son resistencia porque se afirman ante la indignidad y la negación de sus derechos, son resistencia porque transforman como sujetos colectivos las estructuras que generan hambre, destrucción ambiental y exclusión.
La guerra en Colombia contra los empobrecidos
El recurso a la violencia y la legalidad de su uso para enfrentar a las guerrillas en Colombia se ha hecho ilegítimo e ilegal. Las pretensiones contrainsurgentes ocultan detrás el interés por los territorios, usan de la existencia de la guerrilla, para justificar torturas, desapariciones, asesinatos, masacres, persecución judicial, amenazas de muerte, bombardeos indiscriminados. Se ataca a la población, víctimas de esta lógica que se sustenta en la seguridad nacional de los 60 y que posee el sello ahora de la lucha contra el terrorismo.
Desde hace 46 años hasta hoy se han cometido en Colombia más de 40 mil crímenes de Lesa Humanidad que comprende la responsabilidad del Estado. En promedio de los hechos de violencia sociopolítica el Estado es responsable del 79% por ciento de atentados a la vida física con la tortura, el asesinato, la desaparición forzada y las guerrillas del 21%, actuaciones que han ido en contravía de los principios y ética que inspira su alzamiento en armas.
Nuestros abuelos conservan en su memoria silenciada, a veces manifiesta, lo padecido en los años cincuenta y no pueden evitar comparar las similitudes con lo que estamos viviendo hoy con el ocultamiento, la impunidad, la ausencia de reparación por los más de 14.476 crímenes cometidos por el Estado a través de la estrategia paramilitar contados solo desde 1998 hasta el 2003. La existencia de guerrillas como las FARC EP y el ELN ha servido como discurso falsamente legitimador de la existencia de 3 millones y medio de desplazados forzados en los últimos 15 años1.
Desde el 7 de agosto de 2002 el actual presidente de la República Álvaro Uribe Vélez está implementando una estrategia de seguridad que se caracteriza por la reingeniería militar que involucra lo civil en lo militar, redefine los mecanismos de participación de los civiles en las estrategias militares que se ha constatado en su origen desde 1962 con manuales contrainsurgentes diseñados por el gobierno de los Estados Unidos. Esa estrategia ha profanado la palabra democracia – como gobierno del pueblo- y la palabra comunitaria – como modelo de sociedad participativa- y se ha conocido como Seguridad “Democrática” y Estado Comunitario.
La imposición de un modelo de Estado y de sociedad militarizado ha surgido en medio del afianzamiento del poder político, económico, social de los sectores promotores del paramilitarismo y de la reingeniería militar a través del Plan Patriota y Plan Colombia, propuesta diseñada y definida desde hace 6 años por el Gobierno de los Estados Unidos para Colombia y la región.
Resultado de esta reingeniería militar entre enero y octubre del 2005 han desplazado 252.8012, un promedio por trimestre de más de 84.000 personas. Se han presentado más de 56 casos de desapariciones forzadas. Esta cifra se suma a los más de 7000 desaparecidos forzados, que la única organización de Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES, ha sistematizado desde mediados de los 70. Cuadro de víctimas que es mayor al número de desaparecidos forzados en 13 años de dictadura militar en Chile. En el primer semestre de 2005 se cometieron 257 muertes por razones políticas, 78 torturas que comprometen la responsabilidad del Estado, crímenes que se suman a los 40 mil de Lesa Humanidad cometidos desde los años 60. En el segundo semestre del 2005 se produjeron 320 detenciones arbitrarias, que se suman a los de las 6.6483 personas que fueron detenidas arbitrariamente entre agosto de 2002 y junio de 2005. Y las víctimas son campesinos, mestizos, afrocolombianos, indígenas, trabajadores, líderes sociales, defensores de derechos humanos, habitantes de la calle.
Y detrás de tantos millares de víctimas, los victimarios han propiciado la concentración de la propiedad rural y urbana con recursos del tráfico de drogas. De acuerdo con informes oficiales y de universidades privadas, 4.000.000 de hectáreas de tierras en Colombia en los últimos 12 años han pasado a unas pocas manos, los benefactores de la violencia estatal paramilitares y narcotraficantes, que en muchos casos son lo mismo, forman parte de los no mas de 12.000 ricos que poseen fincas de 500 hectáreas en adelante4.
Y detrás de tantos millares de víctimas, las otras víctimas de la miseria, que se ocultan en las cifras oficiales, porque para hacer creíble la mentira se modifican las mediciones de pobreza y de desempleo. La pobreza en Colombia asciende a 64%, de este porcentaje el 20 % vive en la miseria. En el sector rural, la pobreza es del 84% y la miseria del 31%. La propaganda oficial habla del rotundo éxito de su política económica y muestra un crecimiento del 4.5% del PIB entre 2004 y 2005. Oculta que este crecimiento está por debajo de las economías de los países de América Latina: 7.8% de Venezuela, 7.5 de Argentina, 5.9 de Chile, 6.0 de Uruguay y 5.5% de Perú. La pobreza, medida por ingresos entre 2004 y 2005 se puso en el nivel mas bajo de la historia del país: 49.2%, el desempleo bajó, en la propaganda, oficial el año anterior del 13.2% al 10%.
Los cambios de los métodos de medición del desempleo en función de la reelección del actual presidente, llevan al DANE (Departamento Nacional de Estadística) a hablar no ya de desempleados sino de población económicamente inactiva, cuando por esta se entiende la persona que no está habilitada para trabajar y por desempleado el que pudiéndolo hacer no encuentra empleo. En la nueva metodología las personas que se cansan de buscar empleo se consideran inactivos, al hacer este cambio la tasa de desempleo disminuye. En la nueva medición, también, se considera desempleado a quien no teniendo trabajo lo ha buscado dentro de las 4 últimas semanas, mientras en el anterior método era en las últimas 52 semanas. Se considera empleado, a su vez, a quien trabaja sin remuneración 1 hora en un negocio familiar, en la antigua metodología se requerían más de 15 horas semanales. Estos cambios reducen el desempleo entre un punto y medio y dos puntos y medio.5
Y detrás de tantos millares de víctimas, el control del 35% del Congreso de la República se encuentra en manos de los victimarios y los jefes paramilitares proyectaban el control del 70% para las elecciones celebradas el 12 de marzo de 2005 en la que los 5 partidos Uribistas obtuvieron ese porcentaje de representación en el congreso de la República.
Y detrás de tantos millares de víctimas bajo una concepción de la paz, el gobierno colombiano diseñó una estrategia de desmovilización de los “civiles” armados – paramilitares- , que el mismo aplicó y a la que le brindo bases legales, con la entrega de armas de más de 19 mil “civiles” armados que se insertan a la vida social; la concesión de la impunidad frente a los Crímenes de Lesa Humanidad que cometieron; la legalización de las tierras apropiadas y la posibilidad de su participación en la vida política en los próximos años.
Bajo este proceso de “paz”, la estrategia paramilitar bajo la cual se cometieron más de 14.000 crímenes, muchos de lesa humanidad, quedan en la impunidad. Se han constituido mecanismos de juicio artificiosos para la entrega individual y para el juicio de no más de 300 paramilitares a través de una Ley 975, mal llamada de justicia y paz en la que las víctimas tienen que aportar todas las pruebas de los crímenes y de las pertenencias apropiadas, en que ni siquiera se exige la verdad y las penas que deberían llegar a 40 años no serán mayores de 8 años, condenas que se pagarán en cárceles granjas agroecológicas. “Justicia y paz” en la que, bajo el uso de la palabra Reparación en consonancia con la estrategia de seguridad democrática, se plantea que los paramilitares entregarán algunas tierras con proyectos productivos agroindustriales de exportación – apoyados por USA y UE- para que los desmovilizados trabajen junto con las víctimas, se propicie la reconciliación y el progreso, obviamente que esas tierras corresponden a las apropiadas ilegalmente6.
Pero la consolidación de la reingeniería militar se da con la participación de los desmovilizados en la estrategia de falsas acusaciones contra los líderes que en zonas de conflicto armado afirman el Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral, con la configuración de redes de cooperantes y de informantes que con radios de comunicación controlan a la población, con la aplicación del Plan Colombia y su fase Plan Patriota que involucra en total a más de 350.000 mil efectivos regulares con más 400 militares y 600 contratistas de los Estados Unidos que complementa anualmente su “ayuda” con 700 millones de dólares.
Las actuaciones del ejecutivo para encubrir y legalizar la expropiación violenta de territorios de comunidades afrodescendientes – 10 millones de afros-, comunidades indígenas -890 mil- y propietarios pobres se ha desarrollado además con la flexibilización de leyes territoriales colectivas, ley de aguas, ley de saneamiento de propiedad inmueble como contra reforma agrarias, ley de páramos, ley forestal en las que se legaliza la ilegalidad, se mercantiliza la biodiversidad y se genera cadenas de propietarios colectivos a trabajadores rasos en función de la implementación de proyectos de infraestructura agrícola, vial y energética.
La reingeniería militar coincide con las nuevas fases del desarrollo capitalista, rompiendo los principios del Estado Social de derecho. A lo largo y ancho de Colombia se observa la implementación de la siembra de palma aceitera, de la sustitución de actuales siembras de banano por palma, la siembra de caucho, de coca en regiones controladas a través de la estrategia paramilitar ahora en reingeniería bajo la seguridad democrática y estado comunitario.
Todas las regiones que han pasado por el desplazamiento forzado, asesinato selectivo, masacres, desaparición forzada, hostigamientos a los lugares en que se reasientan las comunidades que fueron desplazadas, pasa por la protección de militares para la agroindustria y la infraestructura, incluso con el transplante de población – trabajadores controlados. Así como se clona el lenguaje de la solidaridad se clonan organizaciones legítimas de las comunidades que se niegan a entregar los territorios, así como se clona el lenguaje de la verdad, de la justicia y de la reparación desconociendo el Estado de Derecho, se impone el Estado de Hecho, la impunidad, la expropiación territorial, la imposición de un modelo de sociedad privatizada y militarizada
La reingeniería militar desde el plan Colombia, el plan Patriota es la punta de lanza de un modelo de seguridad regional que pretende incidir en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú, Brasil. La presencia paramilitar traspasa la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, donde el vecino país ha denunciado la presencia delincuencial de “desmovilizados” colombianos y la intervención paramilitar en un posible atentado contra el presidente de ese país. El Gobierno Ecuatoriano, por su parte ha denunciado la constante violación del espacio aéreo por parte de naves colombianas y la penetración en el área de Sucumbíos, actuaciones que cuentan con la información que proporcionan los Estados Unidos desde la base militar de Manta.
En función de la protección de las “conquistas” hechas en Colombia y las lógicas de seguridad para el mercado global, se instaura el monocultivo, las patentes sobre la biodiversidad y se proyecta las obras de infraestructura vial, energética, portuaria y de telecomunicaciones, que incluyen a Colombia dentro del Plan Puebla – Panamá, en las pretensiones del Banco Interamericano de Desarrollo tendría que ser Plan Puebla Putumayo, en el que se incluye todo el territorio colombiano y el Plan Puebla Patagonia, con el que se incluye todo el cono sus del continente. Con ocasión del la firma del TLC expresamente el presidente de Colombia manifiesta su incondicionalidad al gobierno de los Estados Unidos, su pretensión de romper el Tapón del Darién (frontera con Panamá), profundizar su intervención el Plan Puebla Panamá con el desarrollo del sistema de interconexión eléctrica con Centro América y de acelerar un tratado de libre comercio con el resto de países de América Latina.7 En su reciente vista a Bolivia (martes) Uribe le comunicó a Evo Morales que la soya de Bolivia competiría, sin preferencia con la de Estados Unidos.
El control de los territorios del norte de Colombia vía asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado en función del mercado global.
Desde el segundo semestre de 1996 la región del Norte de Colombia, Urabá Antioqueño, Bajo Atrato Chocoano, viene padeciendo la fase más cruda de control territorial a través de la Brigada XVII del Ejercito Nacional y la estrategia paramilitar. Desde la masacre de Brisas (Cuenca del Curvaradó) pasando por la operación Génesis de la Brigada XVII dirigida por el general retirado Rito Alejo del Río Rojas que generó el desplazamiento forzado de mas de 8.000 personas, las comunidades la Cacarica, Salaquí, Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano vienen siendo asediadas sistemáticamente. Se han presentado 111 asesinatos y desapariciones, 14 desplazamientos forzados solo en las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó y 86 asesinatos y tres desplazamientos forzados en las comunidades del Cacarica, en el pacifico Colombiano.
En el Atlántico, Bolívar, Sucre, El Cesar, El Magdalena, La Guajira desde el 2000 se desata el desarrollo de la estrategia paramilitar bajo la responsabilidad de la primera División del Ejército contra pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Wiwa y Kankuamo que han sido víctimas de más de 200 asesinatos en los últimos dos gobiernos y el pueblo Wayúu de La Guajira y campesinos que habitan sobre el Atlántico. Todos han sido además víctimas del desplazamiento forzado en sectores de especial interés para la implementación de proyectos de infraestructura vial, energética, de telecomunicación y agroindustriales.
Proyectos detrás del destierro, el genocidio y el ecocidio.
El proyecto de construcción del gaseoducto binacional entre el gobierno de Colombia y el de la República Bolivariana de Venezuela, se desarrolla, para el caso colombiano, como uno más del plan de mercantilización de los territorios de las comunidades afrodescendiente, indígenas, campesinas y mestizas adelantado con mayor intensidad en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Solamente en la región del Bajo Atrato que limita con el Urabá antioqueño se adelantan 7 proyectos de gran envergadura por su adverso impacto en las comunidades y por los efectos en el medio ambiente.
Agroindustria de palma aceitera.
En las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, tituladas legalmente por el Gobierno colombiano a favor de las comunidades afrodescendientes y mestizas, se está adelantando de manera ilegal, el cultivo de palma aceitera bajo la protección de militares, paramilitares y policía. La siembra se adelanta luego del desplazamiento forzado de las comunidades, la falsificación de títulos de propiedad, la suplantación de los verdaderos representantes de las comunidades y la legalización de estas tierras a favor de los empresarios por parte del Ministerio de Agricultura a través de su instituto adscrito Incoder. Según un primer informe de esta institución oficial el 93% de los cultivos se adelantaban en territorios pertenecientes a las comunidades afrodescendientes. Hoy día, sin que hayan participado las comunidades afrodescendientes en el proceso de verificación, se emite una resolución por parte del INCODER, según la cual mas de 15.000 ha se corresponden a títulos privados.
La cantidad sembrada en este momento es de cerca de 15.000 hectáreas y la proyección de los empresarios es llegar a las 22.000 en esa área del país. Esta siembra, dirigida por la empresa URAPALMA S.A. ha tramitado recursos del Plan Colombia a través de la USAID y cuenta con créditos respaldados por FINAGRO, entidad de fomento agropecuario del Estado Colombiano.
Agroindustria de plátano para la exportación.
En las cuencas del Cacarica la empresa MULTIFRUIT, propiedad del “zar de las esmeraldas” Víctor Carranza, promotor de grupos paramilitares, se ha apropiado, apoyado en una base militar y paramilitar ubicada en la comunidad de Balsa, de mas de 100 ha de tierra pertenecientes a las comunidades afrodescendientes del Cacarica. En la actualidad esta empresa está cosechando una especie de plátano conocida como Baby con fines de exportación. Quienes trabajan en la producción de plátano son repobladores transplantados por paramilitares de otras regiones del país.
Explotación de Madera por parte de la empresa Maderas del Darién filial de PIZANO S.A.
A partir del desplazamiento forzado de las comunidades del Cacarica, se intensificó en esa área del país la explotación ilegal, irracional e indiscriminada de madera, en particular de la especie en vía de extinción conocida como “cativo”. El 75 % de la madera extraída tiene como destino el mercado de los Estados Unidos. Desde el 2001 esta empresa, de manera inexplicable, cuenta con el sello FSC de producción limpia otorgado a través de la entidad Smartwood.
La intervención actual de organismos ambientalista como Greepeace de España y Ecologistas en Acción, está encaminada a levantar el sello de esta empresa por los daños a la vida y al medio ambiente en las comunidades del Bajo Atrato.
Construcción de la carretera Panamericana en el tapón del Darién.
El trazo total de la Carretera Panamericana, basado en los informes más actualizados, contempla 25.800 kilómetros que van desde Alaska hasta la Patagonia, de los cuales solamente faltan por construir 108 kilómetros, 58 en Panamá y 50 en Colombia, por un valor actual de 220 millones de dólares. Basado en la vigencia de los convenios celebrados, Estados Unidos estaría aportando aproximadamente 155 millones de dólares y el resto sería cubierto por partes iguales entre Panamá y Colombia.
El gerente de megaproyectos de la gobernación de Antioquia, Carlos Alberto Villegas Lopera, informó que el pasado 2 de mayo de 2005 se presentó ante el Ministerio del Medio Ambiente la solicitud de licencia para la construcción de 20 de los 50 kilómetros que faltan en Colombia de la vía panamericana, ruta norte, también llamada Carretera del Tapón del Darién. Se trata del tramo entre Lomas Aisladas-Cacarica (Palo de Letras) y el puente de 1.3 kilómetros de largo sobre el río Atrato. El proyecto tiene un costo de 130 mil millones de pesos. Entre Cacarica y Palo de Letras, hito fronterizo con Panamá, quedarían 30 kilómetros de carretera por construir.
Línea de Transmisión Eléctrica en el Tapón del Darién
En el año 2003, empezaron a circular rumores de que el Presidente Uribe quería integrar a Colombia en el PPP como el noveno país miembro. La motivación de Colombia para entrar al PPP es en parte para promover una línea eléctrica de 500 Km. que costaría aproximadamente $200 millones de dólares y conectaría el extremo panameño de la red de energía SIEPAC (que enlazará Centroamérica y México) con los países andinos, ya sea a través del Tapón del Darién o del Golfo de Urabá.(1) A principios de 2004 ya habían empezado los estudios ambientales y de factibilidad que exploraban cuatro rutas alternativas para la línea de transmisión, con indicaciones de que los trabajos podrían ponerse a concurso para noviembre de 2004.
En la reunión sobre competitividad entre el BID y ONG el 17 de septiembre de 2004, Marcelo Antinori, jefe de Infraestructura para Centroamérica y Coordinador del PPP del BID, confirmó estas pretensiones que se afirman con la elección en la presidencia de ese organismo, de Moreno, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos. La empresa colombiana ISA, ya expresó su intención de adquirir el 14% del SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central del Plan Puebla Panamá).
Explotación Minera en el Jiguamiandó y comunidades indígenas de los municipios del Carmen del Darién y Murindó en el Bajo Atrato Chocoano
El 28 de diciembre de 2004 la empresa transnacional MURIEL MINIG CORPORATION del Estado de Colorado firmó un contrato de 30 años prorrogable con Ingeominas y la gobernación de Antioquia para la explotación de oro, cobre y molibdeno y otros minerales en 16.000 ha, 11.000 en jurisdicción del municipio de Carmen del Darién y 5.000 en el municipio de Murindó, sin que se haya adelantado ningún tipo de acuerdo con las comunidades que habitan las 4 áreas que comprenden el contrato: La rica Coredocito, Quebrada de Taparos, Jarapetó y el río Murindó.
Gaseoducto y poliducto Transoceánico Venezuela-Colombia.
A estos proyectos en implementación o en estudio, se suma como hemos dicho, el Proyecto Energético Binacional firmado el 24 de noviembre de 2005 por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez y el presiente de Colombia Álvaro Uribe, durante una reunión llevada a cabo entre los dos presidentes en la localidad de Punto Fijo que conectaría el complejo refinador Paraguaná en Venezuela con el campo Ballenas en la Guajira Colombiana. Este gaseoducto sería el inicio del plan de construcción de un polioducto que permitiría a Venezuela una salida al pacífico a través de la costa Caribe y el Bajo Atrato en Colombia con la pretensión exportar petróleo a los países asiáticos (China, Japón y la India). Según la información, esta obra se empezaría a construir en el segundo semestre de 2007 y entraría a funcionar en el 2008.
Desde estos lugares, signo de los tiempos
PROPUESTAS A LA ASAMBLEA DEL SICSAL VENEZUELA 2006.
OBSERVADORES INTERNACIONALES Conformar equipo de cristianos de diversas iglesias y nacionalidades para acompañar a las comunidades que resisten por la defensa de la vida y el territorio en diversas partes de Colombia. Por espacios de tiempos superiores a dos meses como OBSERVADORES INTERNACIONALES Y SOLIDARIOS.
COMISION ETICA Nombrar 2 delegados del Sicsal a la Comisión Ética que pretende conservar la memoria, el Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación de Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad que se instalará en Colombia por 10 años para conservar la memoria y el derecho a la verdad de las víctimas de Crímenes del Estado.
HERMANAMIENTO AMBIENTAL Solidarizarse con los campesinos en procesos de defensa de la Vida y la Biodiversidad como Patrimonio de la Humanidad con la protección de 2000 mejoras de Territorio Colectivo y parcelas individuales que suman más de 800 mil hectáreas mediante el aporte de pancartas con los nombres de las iglesias en las que se inscribe la siguiente expresión. “Este Territorio es patrimonio de la humanidad. Es creación de Dios en que los hombres y mujeres que la heredan y la habitan, la protegen por el bien de la Humanidad. No se permiten monocultivos. Hermanamiento de XYZZZ con las Comunidades XYZ Familia XYZ ”
DERECHO A ENTERRAR En Colombia existen decenas de fosas comunes en las que se encuentran millares de víctimas que no han podido dar cristiana sepultura, se propone la presencia de líderes religiosos y creyentes en la excavación de fosas comunes y la exequias de los despojos mortales.
INVITAMOS A DISCERNIR EL LLAMAMIENTO DE BAMAKO una propuesta nacida desde los Foros Mundiales y la Red de Alternativas de Colombia que congrega a las comunidades afrocolombianas, indígenas y mestizas que desarrollan propuestas de Defensa de la Vida y del Territorio en Colombia.
Colombia, Marzo de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
1 Codhes, Conferencia Episcopal Colombiana. Para Construir País Bogotá .Febrero de 2006
2 Cifras tomadas de la Consultoría Para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES):
3 Cifras tomadas de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.
4 Cfr El Tiempo editorial, Guerra, tierra y paras, 14 de septiembre de 2003, p. 1-26.
5 Para el análisis de las cifras ver el pormenorizado análisis que hace el economista Libardo Sarmiento Anzola en “El Engaño de las Cifras” en Ediciones Desde Abajo No 195 del 20 al 25 de febrero de 2006.
6 Cfr. El Tiempo 24 de marzo de 2006.
7 Cfr “El TLC es una gran oportunidad”, alocución del presidente de Colombia en todos los medios de comunicación el 27 de febrero de 2005 con ocasión del la firma del TLC con Estados Unidos.
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