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10 campesinos asesinados y más de 400 desplazados en la última semana
Cúcuta es la capital de Norte de Santander, región en la que se encuentra el Catatumbo, donde durante casi 60 días se ha dado una de las más trascendentales movilizaciones campesinas en Colombia contra el neoliberalismo y por la paz con justicia social.
En estos momentos funciona una Mesa de negociación con el gobierno del señor Santos, y los líderes agrarios han formalizado sus peticiones en materia de inclusión social, no segregación, Zona de Reserva Campesina, derechos humanos, democracia participativa, eliminación de la Zona Militar de Consolidación Territorial y proyectos productivos sostenibles. Además, los campesinos han expresado su contundente rechazo a la “ruta del carbón” que se hará para que las multinacionales lleguen a saquear la enorme riqueza carbonífera y petrolera de la región, generando un descomunal daño en los recursos ambientales y el despojo de los campesinos.
Santos maniobra para impedir la solución del pliego popular, lo cual se hace mediante dilaciones, sofismas y ultrajes de los prepotentes burócratas de la Presidencia y Planeación Nacional contra los humildes dirigentes agrarios de ASCAMCAT, que de manera estoica y sencilla eluden la provocación para dar cumplimiento al mandato comunitario.
Ante tal reacción, Santos ha sofisticado el garrote y como en otros momentos de la historia, nuevamente, se recurre a la violencia paramilitar.
El bloque dominante que incluye a senadores, representantes, diputados, concejales, fiscales, generales y piquetes policiales ha reactivado los dispositivos de terror para desarticular y exterminar el movimiento agrario invicto en el Catatumbo.
Como en Urabá, en Barrancabermeja, en Medellín, en el Eje Cafetero y en Caquetá, en Cúcuta se han puesto nuevamente en movimiento y acción las estructuras criminales de violencia organizadas por la policía y el ejército con el patrocinio de los políticos corruptos y comerciantes; me refiero a las bandas neoparamilitares que en este caso se trata de los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas del Norte, en pleno auge y operación.
Hay dos lugares en los que está en curso la masacre y la sangre. Se trata de Palmarito y el Zulia.
En Palmarito, jurisdicción de Cúcuta, el plan está en marcha desde el 25 de agosto pasado, cuando los líderes comunitarios alertaron y llamaron las autoridades para que atendieran sus denuncias, frente a las cuales todos hicieron oídos sordos. Desde el Alcalde, el Personero, la Defensora del Pueblo, los fiscales y los cuerpos armados.
Se dieron los asesinatos, uno a uno, y los pobladores debieron salir, hace 7 días, en estampida hacia el centro de Cúcuta, donde más de 500 personas están hacinadas en galpones del CASD y sometidas al fichaje y los empadronamientos de piquetes policiales que reportan los nombres a Rastrojos, Urabeños y Fronterizos para que prosigan su labor de limpieza social.
Es importante recordar que la capital de Norte de Santander está bajo el control de estas redes asesinas, con la complicidad de los políticos y autoridades civiles, que se desplazan sin problemas por sus calles y centros comerciales que dominan a su amaño como ocurre con Alejandría, un amplio espacio de mercaderías desde donde despachan los jefes de las Bacrim, como alias Visaje o alias Chang.
Todo esto ocurre merced a que la elección del alcalde Donamaris Ramírez Paris se dio con aportes millonarios de los Rastrojos, quienes financiaron sus sedes, propaganda y compra de votos. Como ocurrió en el pasado reciente con el ex alcalde Ramiro Corzo, hoy condenado a varios años de cárcel en Bogotá por haber asesinado muchos líderes comunales que se le opusieron, como el jurista Carlos Bernal. Es igual la historia de doña Maria Eugenia Riascos, la jefe uribista de los paracos que fue importada por el Gran Señor de las Tinieblas desde Armenia para que implantara el poder de los grupos de ultraderecha policial.
Igual está sucediendo en el municipio del Zulia (cerca de Tibú, epicentro del reciente paro), donde las masacres son el pan diario en las veredas, provocando desplazamientos en masa hacia el Parque Principal de dicho poblado.
Lo que está ocurriendo en estos momentos en Cúcuta y sus alrededores es sumamente grave y es preciso denunciarlo para que no siga avanzando o quede en la impunidad.
Se requiere de la solidaridad de todos para dar el apoyo necesario a los campesinos que resisten la brutal acción del gobierno y las clases dominantes.
Este es el modelo de paz de Juan Manuel Santos que muy seguramente extenderá a otras zonas del país ahora que el pánico se apoderó de su fracasada reelección presidencial.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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