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47 mil migrantes asesinados o desaparecidos o torturados en 6 años en su paso por México
Ante el aumento de agresiones contra de migrantes en México y Estados Unidos (tanto paisanos como ciudadanos procedentes de otras naciones), organizaciones civiles y académicas advierten que existe una falta de voluntad y capacidad del Estado para proteger a esta población.
La lista de hechos de violencia contra las personas en tránsito es amplia: secuestros, tortura, amenazas a defensores (albergues) y trata de personas (prostitución forzada dentro del esquema de tráfico y secuestro), entre otros delitos.
No hay cifras oficiales acerca del número de migrantes asesinados, desaparecidos, deportados o secuestrados durante su paso por México, aunque el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) citó que el equipo argentino de antropología forense indicó que en los pasados seis años han muerto 47 mil migrantes en México y 8 mil 800 permancían sin identificar.
Los servicios forenses mexicanos calculan que de los 3 mil cuerpos que se registran en esa condición cada año, posiblemente 30 por ciento corresponden a migrantes.
En tanto, añade el Imumi, un reciente informe del gobierno mexicano remitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone que entre enero de 2008 y abril de 2010 se registraron 141 casos de secuestros de migrantes, en las que resultaron víctimas, en conjunto, 393 personas.
La administración federal atribuye la pobreza de las cifras a la baja tasa de denuncia, sin tomar en cuenta su falta de mecanismos de investigación, rendición de cuentas e incapacidad para impartir justicia y reparar el daño.
Tambien ignora –añade el Imumi y grupos que integran la Coalición Pro Defensa del Migrante– el riesgo que implica la denuncia para los migrantes. Por ello los grupos no gubernamentales recomiendan establecer programas de emergencia, prevención y seguridad para estas personas.
Jorge A. Bustamante, fundador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), aseveró que el Estado mexicano no ha reaccionado ante el fenómeno migratorio.
Es decir, adjudicar la violencia –y otras agresiones contra esta población– sólo al crimen organizado es una concepción falsa y equivocada, resalta quien ha ocupado las máximas responsabilidades en la investigación y divulgación de este tema. En el periodo 2005-2011 fue relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes.
El ex presidente Felipe Calderón decía que la violencia contra los migrantes era causada por el crimen organizado; uno de sus secretarios de Gobernación (Francisco Blake) terminó enfatizando que la violencia hacia los migrantes provenía únicamente del crimen.
Con esto, dijo, ambos excluyeron toda responsabilidad de los funcionarios de gobierno involucrados en el tema que, de acuerdo con las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tenían una participación mayor a un tercio.
Cuando se habla de la responsabilidad del Estado ocurre algo de lo cual no hay conciencia: los miembros del crimen no tienen responsabilidad de Estado, esto es un concepto en derecho internacional que sólo tienen los funcionarios. Entonces, cuando en la anterior administración le echaban la culpa al crimen, en realidad le estaban echando la culpa a sujetos que, por derecho internacional, no pueden tener la responsabilidad de Estado, señaló el doctor Bustamante.
Tijuana, BC. La Jornada.
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