La reciente homilía de Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, volvió a poner en el centro una verdad incómoda para los sectores del poder: los barrios populares no son territorios enemigos ni zonas descartables, sino lugares sagrados donde el pueblo resiste, organiza la vida y construye esperanza en medio del abandono.
En ese marco, el operativo policial denominado “Tormenta Negra”, impulsado por el gobierno de Jorge Macri, aparece como la expresión más brutal de una lógica política que mira a los pobres desde la sospecha, el control y la criminalización. No se trató simplemente de un despliegue de seguridad. Fue una demostración de fuerza sobre los cuerpos y territorios históricamente castigados por la desigualdad estructural.
La homilía de García Cuerva recupera la dimensión profundamente evangélica de la dignidad humana. Allí donde muchos ven “peligro”, el Evangelio invita a ver rostros concretos, familias trabajadoras, niños, mujeres que sostienen comedores, jóvenes que intentan sobrevivir en contextos de exclusión. Jesús nunca ingresó a los barrios pobres con escudos ni patrulleros. Entró caminando, escuchando, compartiendo el pan y denunciando a quienes utilizaban el poder para aplastar al pueblo.
El problema de fondo no es la inseguridad. El verdadero problema es un modelo de ciudad que considera a los barrios populares como una molestia estética y política. La llamada “modernización” urbana muchas veces esconde un proyecto de expulsión silenciosa: limpieza social, especulación inmobiliaria y militarización de la pobreza. Cuando el Estado llega únicamente con policías y no con derechos, deja de ser presencia democrática para transformarse en aparato disciplinador.
La tradición profética latinoamericana ha denunciado históricamente estas prácticas. Desde Óscar Arnulfo Romero hasta Samuel Ruiz García, pasando por Enrique Angelelli y Sergio Méndez Arceo, la Iglesia comprometida con los pobres entendió que la violencia institucional no es un exceso aislado, sino parte de estructuras de pecado que necesitan enemigos internos para justificar el control social.
“Tormenta Negra” no sólo fue un operativo policial. El nombre mismo revela una concepción de guerra. Cuando los gobiernos hablan de “combatir”, “limpiar” o “recuperar territorios”, están diciendo implícitamente que quienes viven allí dejaron de ser ciudadanos para convertirse en amenazas. Esa narrativa deshumaniza y habilita abusos, detenciones arbitrarias, hostigamiento cotidiano y violencia sobre jóvenes pobres cuya única condena parece ser haber nacido en el lugar equivocado.
La teología del pueblo, profundamente arraigada en la experiencia pastoral argentina, enseña algo distinto: el barrio popular no es un vacío moral ni un espacio salvaje que necesita ser domesticado. Es un sujeto histórico. Allí habita una espiritualidad comunitaria que sobrevive pese al hambre, la droga, el desempleo y la ausencia estatal. En las capillas, en los clubes, en las ollas populares y en los movimientos sociales se expresa una mística de resistencia que el poder muchas veces teme porque demuestra que el pueblo organizado puede construir alternativas.
Por eso la voz de García Cuerva incomoda. Porque recuerda que la paz social no se construye con patrulleros sino con justicia. No habrá seguridad verdadera mientras millones de personas vivan sin trabajo digno, sin acceso pleno a la educación, sin tierra, sin techo y sin futuro. La represión de la pobreza jamás resolvió la pobreza; solamente la ocultó detrás de uniformes y estadísticas.
El Evangelio es radical en este punto. “Tuve hambre y me diste de comer; estuve preso y me visitaste”. Cristo se identifica con las víctimas del descarte. Y en la Argentina de hoy, muchos de los crucificados de la historia viven precisamente en esos barrios señalados como focos de amenaza. Cada allanamiento espectacularizado mediáticamente, cada requisa humillante, cada niño creciendo entre sirenas y violencia institucional constituye una herida abierta sobre el cuerpo social.
Defender los barrios populares no significa negar los problemas reales que allí existen. Significa rechazar que la única respuesta del poder sea la ocupación policial. Significa afirmar que los pobres tienen derecho a vivir sin miedo, tanto al delito como a la violencia estatal. Significa reconocer que la seguridad auténtica nace de la inclusión, de la comunidad organizada y de políticas públicas construidas junto al pueblo y no contra él.
La homilía de García Cuerva se inscribe entonces en la mejor tradición del cristianismo latinoamericano: la que entiende que la fe no puede ser neutral frente al sufrimiento. Una Iglesia que calla ante la criminalización de los pobres deja de anunciar el Reino para convertirse en capellanía del poder. En cambio, una Iglesia que acompaña al pueblo en sus dolores y luchas vuelve a parecerse al Jesús de Nazaret.
Porque los barrios populares no necesitan tormentas negras. Necesitan justicia, dignidad y esperanza. Y sobre todo necesitan que la sociedad deje de mirarlos con miedo para empezar a reconocerlos como el corazón herido, pero vivo, de nuestra patria.