Por la tierra, la educación y la vida comunitaria
Una nueva amenaza de desalojo vuelve a poner en evidencia el conflicto entre los intereses económicos y el derecho de las comunidades a vivir, producir y educarse en sus territorios. Esta vez, el epicentro del conflicto es la Escuela ÑandeKokue del Movimiento Campesino de Liberación (MCL), donde 112 familias campesinas y trabajadores de la educación enfrentan la posibilidad concreta de perder el espacio donde viven, producen alimentos y desarrollan una experiencia de educación popular comunitaria.
La situación ha despertado preocupación en organizaciones sociales nacionales e internacionales, redes de derechos humanos y movimientos populares, que denuncian la falta de sensibilidad de las autoridades judiciales frente a las consecuencias humanas que implicaría el desalojo.
Mucho más que una escuela
Ñande Kokue no es solamente una tipica escuela rural. Para las familias que allí habitan y trabajan, representa un proyecto integral de vida comunitaria construido durante años alrededor de la producción agroecológica, la formación popular y la organización colectiva.
En el predio no solo funcionan espacios educativos. También se producen alimentos, se desarrollan actividades comunitarias y se construyen formas de convivencia basadas en el cuidado de la tierra y la solidaridad.
“Nos quieren quitar el único sostén de vida que tienen las familias junto a sus hijos y educadores”, señalan integrantes de la comunidad, quienes afirman que resistirán el desalojo “hasta las últimas consecuencias”.
El impacto más grave recaería sobre niños, niñas y adolescentes que crecieron en ese entorno comunitario y que hoy podrían quedar expuestos a situaciones de enorme vulnerabilidad social, emocional y cultural.
La justicia cuestionada
Diversas organizaciones denuncian que las autoridades judiciales están aplicando criterios legales sin considerar el contexto humano y social de las familias afectadas.
Desde el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL) expresaron un fuerte repudio hacia lo que consideran una utilización deshumanizada de la ley.
“El Estado debería proteger la integridad física, cultural y psicológica de estas comunidades y no profundizar su desamparo”, señalaron en un comunicado reciente.
La organización sostiene además que el conflicto expone una contradicción profunda: mientras las familias campesinas producen alimentos, sostienen proyectos educativos y cuidan el territorio, las instituciones estatales avanzan sobre ellas sin ofrecer alternativas reales de protección.
Tierra, producción y democracia
El caso de Ñande Kokue también reabre el debate sobre el modelo de desarrollo y el lugar que ocupan las comunidades campesinas en América Latina.
Para organizaciones rurales y movimientos sociales, experiencias como la del MCL representan formas concretas de soberanía alimentaria, educación comunitaria y construcción democrática desde abajo.
“Estas familias no especulan ni destruyen. Trabajan la tierra, producen, educan y organizan comunidad”, afirman referentes cercanos al conflicto.
En ese sentido, el posible desalojo aparece no solo como un problema judicial, sino como una disputa política y cultural sobre qué tipo de sociedad se pretende construir.
Llamado a la solidaridad internacional
Ante la gravedad de la situación, distintas organizaciones comenzaron a convocar una campaña de solidaridad nacional e internacional para impedir el avance del desalojo.
El pedido incluye:
- pronunciamientos públicos,
- acompañamiento de organismos de derechos humanos,
- cobertura mediática,
- y presencia de organizaciones sociales y comunitarias en defensa de las familias.
“Ñande Kokue representa el derecho de los pueblos a permanecer en sus territorios y construir alternativas de vida digna”, sostienen desde las redes de apoyo.
Mientras tanto, las familias campesinas continúan organizadas en defensa del territorio que consideran no solamente una tierra de producción, sino también un espacio de memoria, identidad y esperanza colectiva.
La disputa sigue abierta. Y junto con ella, una pregunta de fondo:
¿puede existir justicia cuando la ley se aplica ignorando la vida concreta de los pueblos?