LA TIERRA EN DISPUTA: DESALOJOS, EXTRACTIVISMO Y UNA NUEVA BATALLA POR EL TERRITORIO ARGENTINO

Enviado por COR Buenos Aires el Mar, 18/08/2026 - 20:16
mapa del conflicto
Autoría
Gerardo Duré - SICSAL Argentina

 

 

 

SICSAL ARGENTINA | Informe periodístico sobre la situación territorial de pueblos originarios, campesinos y comunidades rurales

Febrero – agosto de 2026

Mientras se debate la flexibilización de la propiedad de la tierra, comunidades indígenas y familias rurales enfrentan nuevos desalojos y conflictos territoriales en distintos puntos del país.

Argentina vuelve a discutir quién puede ser dueño de la tierra, pero detrás del debate legislativo existe una realidad mucho más concreta: familias y comunidades que están siendo expulsadas, amenazadas o sometidas a procesos judiciales por los territorios que habitan y defienden. Durante los últimos meses se hicieron visibles conflictos en Salta, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Río Negro, Neuquén, Chubut y Mendoza.

No todos tienen las mismas características ni los mismos actores. Algunos son disputas históricas por la propiedad; otros involucran territorios ancestrales indígenas, proyectos inmobiliarios, explotación forestal, minería o producción agroindustrial. Pero todos tienen algo en común:

 

LA TIERRA VOLVIÓ A ESTAR EN EL CENTRO DE LA DISPUTA POLÍTICA ARGENTINA.

EL CONTEXTO: CUANDO SE TERMINÓ LA EMERGENCIA TERRITORIAL INDÍGENA

 

Para comprender lo que está ocurriendo durante 2026  hay que retroceder hasta diciembre de 2024.

El Gobierno nacional decidió entonces finalizar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, derogando el Decreto 805/21 y dando por concluido el régimen de emergencia asociado a la Ley 26.160. El propio Gobierno justificó la decisión en la necesidad de proteger el derecho de propiedad y resolver conflictos territoriales pendientes.

La medida modificó sustancialmente el escenario en el que se desarrollan las disputas territoriales.

Durante años, la emergencia indígena había funcionado como una herramienta de protección frente a determinados desalojos mientras avanzaba el relevamiento territorial. Con su finalización, esa barrera dejó de operar de la misma manera. Y los conflictos que durante años permanecieron contenidos comenzaron a quedar expuestos a nuevas decisiones judiciales y policiales.

No se trata de afirmar que cada desalojo sea consecuencia directa de aquella decisión. Pero sí resulta imposible analizar el escenario actual sin tener en cuenta ese cambio de política.

2026: EL DEBATE POR LA PROPIEDAD DE LA TIERRA VUELVE AL CONGRESO

Mientras comunidades y familias enfrentaban conflictos territoriales, el Gobierno nacional impulsó durante 2026 una nueva discusión sobre la propiedad privada y las restricciones existentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó al Senado en julio y agosto.

El 16 de julio, el Senado acordó pasar a un cuarto intermedio para tratar el proyecto el 6 de agosto. Finalmente, el 7 de agosto la Cámara Alta otorgó media sanción al proyecto, pero después de retirar dos capítulos particularmente sensibles: el que eliminaba las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros y el que flexibilizaba determinadas reglas sobre cambio de uso del suelo después de incendios. El debate, sin embargo, dejó expuesta una cuestión de fondo:

¿La tierra es solamente una propiedad privada o también constituye un elemento estratégico de la soberanía nacional?

LA CONTRADICCIÓN QUE DEBERÍA PREOCUPARNOS

 

Mientras en el Congreso se discutía cómo ampliar las posibilidades de inversión y propiedad sobre el territorio, en distintos lugares del país comunidades originarias defendían sus espacios de vida.

En Las Pailas, Salta, un operativo judicial y policial concretó el 12 de junio un desalojo en el marco de un conflicto territorial que lleva años. El Senado provincial recibió posteriormente a familias afectadas para analizar alternativas.

En Misiones, la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II enfrentó durante 2026 una escalada del conflicto que terminó con un desalojo ejecutado el 28 de julio por efectivos policiales, según denuncias de organizaciones que acompañan a la comunidad.

Y en Pindoty'i, también en Misiones, la comunidad denunció en mayo la aparición de carteles anunciando un proyecto de loteo denominado “Santa Mónica” en un área que la comunidad considera parte de su territorio.

Son situaciones diferentes. Pero juntas dibujan una realidad preocupante:

Territorios indígenas que pasan a estar sometidos a una creciente presión judicial, inmobiliaria o productiva.

LAS PAILAS: UN DESALOJO QUE VOLVIÓ A PONER EL PROBLEMA EN EL CENTRO DE LA ESCENA

En Cachi, Salta, el conflicto de Las Pailas es uno de los ejemplos más claros. El 12 de junio se produjo un operativo de desalojo en el marco de una disputa territorial de larga duración. La versión de los propietarios y la de la comunidad difieren sustancialmente respecto de la situación dominial y la legitimidad de la ocupación.

Precisamente por eso el caso es tan importante.

La Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina señaló que la controversia está judicializada desde hace décadas y expresó preocupación por la afectación de derechos de pueblos originarios reconocidos constitucionalmente. También señaló que distintas instituciones indígenas habían realizado presentaciones antes del operativo. El caso demuestra que el problema no puede ser reducido a la simple oposición entre “propietario” y “ocupante”. Existe una dimensión constitucional, cultural y territorial que debe ser considerada.

PUENTE QUEMADO II: CUANDO EL CONFLICTO TERMINA EN UN DESALOJO POLICIAL

El caso de Puente Quemado II muestra con particular crudeza la escalada de la conflictividad. En julio, la Justicia de Misiones ordenó el desalojo de los lotes ocupados por la comunidad Mbya. El 28 de julio, el operativo fue ejecutado con presencia de numerosos efectivos policiales, según denuncias difundidas por organizaciones indígenas y de derechos humanos. Pero el episodio no terminó allí. El 30 de julio, según información difundida por organizaciones que acompañan a la comunidad, el Ministerio Público Fiscal se pronunció favorablemente respecto de un recurso presentado por la comunidad y cuestionó aspectos del procedimiento que debían ser analizados antes de una ejecución inmediata. El 2 de agosto, la comunidad volvió pacíficamente al territorio.

El episodio revela algo fundamental:

El desalojo puede resolver momentáneamente la ocupación física de un territorio, pero no resuelve necesariamente el conflicto territorial. La cuestión de fondo permanece.

PINDOTY'I: EL NEGOCIO INMOBILIARIO LLEGA AL TERRITORIO

En San Ignacio, Misiones, la comunidad Pindoty'i denunció la instalación de cartelería para un proyecto inmobiliario denominado Santa Mónica. El predio tiene aproximadamente tres hectáreas y se encuentra en una zona de alto valor turístico y patrimonial. Los titulares registrales sostienen que poseen el dominio del terreno desde hace décadas y cuentan con documentación catastral.

Desde EMIPA, en cambio, se señaló que el área se encuentra dentro de un territorio relevado anteriormente en el marco de la Ley 26.160.

Este conflicto muestra otra forma de presión territorial. No hace falta que exista inmediatamente un desalojo.        El territorio puede comenzar a ser transformado en mercancía mediante: mensuras, loteos, carteles de venta, caminos, emprendimientos turísticos y proyectos inmobiliarios.

EL CAMPESINADO TAMBIÉN ESTÁ EN EL CENTRO DE LA DISPUTA

El problema territorial argentino no es exclusivamente indígena.En Santiago del Estero, organizaciones campesinas como el MOCASE-VC continúan denunciando conflictos por la posesión y el uso de tierras rurales.   Las familias campesinas suelen encontrarse en una situación de enorme desigualdad frente a grandes propietarios. Muchas veces poseen una relación histórica con la tierra, trabajan y producen en ella durante décadas, pero carecen de la misma capacidad económica y jurídica que quienes cuentan con títulos registrales o recursos para afrontar largos procesos judiciales. Por eso, la defensa de la tierra campesina también forma parte de la defensa de la soberanía alimentaria.

Montecarlo, Misiones. En paralelo al conflicto con la Comunidad de Puente Quemado II tambien crecio el conflicto cunato las autoridades judiciales libraron orden de desalojo contra 112 familias camopesinas y la escuela campesina Ñande Kokue. Gracias a la solidaridad nacional e internacional el desalojo fue suspendido pero el conflicto sigue sin resolverse. 

La pregunta: 

¿Vale mas un pedazo de tierra para que una multinacional plante Pino Chileno o 112 familias campesinas que ejercen la soberania alimentaria y accedan a la educación? ¿Qué dice el  Gobierno de Misiones?

CHACO: CUANDO LA TIERRA TAMBIÉN ES AGUA Y SALUD

En Pampa del Indio, Chaco, comunidades Qom mantienen conflictos relacionados con el modelo agroindustrial y sus efectos sobre el ambiente. Aquí la discusión territorial incorpora otra dimensión:

¿qué sucede cuando el modelo productivo modifica las condiciones de vida de quienes habitan el territorio?

La tierra está vinculada al agua.

El agua está vinculada a la producción.

La producción está vinculada a la alimentación.

Y todo ello está relacionado con la salud.

Por eso, los conflictos territoriales no pueden analizarse únicamente desde la propiedad.

PATAGONIA: MAPUCHE, TURISMO, MINERÍA Y GRANDES INTERESES

En Río Negro, Neuquén y Chubut se multiplican históricamente los conflictos entre comunidades mapuche, propietarios privados, empresas y organismos estatales. La Patagonia concentra enormes recursos:

- agua;

- bosques;

- minerales;

- energía;

- tierras de alto valor turístico;

- territorios cordilleranos;

- y grandes superficies rurales.

La disputa territorial, por lo tanto, también es una disputa económica. Allí donde el territorio adquiere un enorme valor económico, aumenta también la presión sobre quienes lo habitan.

¿SE ACELERARON LOS DESALOJOS?

La pregunta merece una respuesta responsable. No contamos todavía con una estadística nacional homogénea que permita afirmar que los desalojos compulsivos aumentaron porcentualmente en todo el país durante 2026. Pero sí podemos afirmar algo diferente y comprobable: Durante los últimos meses se han producido desalojos y nuevos episodios de fuerte presión territorial en distintos puntos del país.

Entre los casos documentados aparecen: Las Pailas, Salta. Puente Quemado II, Misiones. Y junto a ellos se registran nuevos conflictos por loteos, propiedad, judicialización y territorio en otras provincias. El dato político importante no es solamente la cantidad. Es el contexto.

Estos episodios ocurren después de que el Gobierno nacional puso fin a la emergencia territorial indígena y mientras impulsa una concepción de la propiedad privada basada en una protección mucho más fuerte frente a las restricciones estatales.

DE LA PROTECCIÓN TERRITORIAL A LA “INVIOLABILIDAD” DE LA PROPIEDAD

Aquí aparece una discusión que SICSAL Argentina considera central.

La Constitución Nacional reconoce el derecho de propiedad.Pero también reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. No debería existir una contradicción entre ambos derechos. El desafío democrático consiste precisamente en encontrar mecanismos de resolución de conflictos que reconozcan los derechos de todas las partes y, especialmente, los derechos colectivos de los pueblos originarios. El problema surge cuando una de las dimensiones queda anulada por la otra. Cuando el derecho de propiedad se convierte en un argumento absoluto, el territorio indígena corre el riesgo de quedar reducido a una simple parcela. La solución no puede ser la violencia. Debe ser el diálogo, el relevamiento, la regularización territorial y el cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales.

LA TIERRA NO PUEDE SER UNA MERCANCÍA MÁS

 

El debate legislativo de 2026 dejó una cuestión abierta.

El capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros fue retirado del proyecto del Senado después de la presión política y social. Pero la discusión continúa. El Gobierno sostiene que una mayor apertura a la inversión extranjera favorecería la economía. Quienes cuestionan la reforma advierten sobre la soberanía territorial, la concentración de recursos y el control de áreas estratégicas. No se trata de rechazar toda inversión. Se trata de establecer límites democráticos. Porque existen bienes que tienen una importancia que excede su valor comercial. La tierra es uno de ellos. Y también lo son: el agua, los bosques, los humedales, los territorios indígenas y los espacios esenciales para la producción de alimentos.

LA TIERRA COMO DERECHO HUMANO

Desde la perspectiva de SICSAL Argentina, la discusión debe incorporar una dimensión ética. La tierra no puede ser considerada solamente desde el mercado. La pregunta fundamental debe ser: ¿Qué modelo de vida estamos construyendo? Si el desarrollo significa expulsar comunidades, destruir bosques, contaminar agua o convertir territorios rurales en negocios inmobiliarios, debemos preguntarnos quién se beneficia y quién paga los costos.      Si el progreso significa que familias campesinas pierdan sus tierras, comunidades indígenas sean desalojadas y los bienes comunes queden concentrados, entonces no estamos ante un desarrollo justo.

UNA MIRADA DESDE LA OPCIÓN POR LOS POBRES

La tradición latinoamericana de la Teología de la Liberación nos enseñó a mirar la realidad desde quienes padecen las consecuencias de la injusticia. Por eso, frente al conflicto territorial, SICSAL Argentina sostiene que debemos escuchar primero a quienes viven en esos territorios: a las comunidades, a las familias campesinas, a los pequeños productores, a quienes cuidan el agua,  a quienes producen alimentos, a quienes mantienen viva la memoria ancestral. Porque la tierra no es solamente un problema jurídico. Es un problema humano. Es un problema social. Es un problema político. Y también es un problema espiritual.

TIERRA, TECHO, TRABAJO Y TRASCENDENCIA

La defensa de la tierra se vincula directamente con las cuatro dimensiones que atraviesan nuestra propuesta:

TECHO: Sin acceso a la tierra resulta cada vez más difícil garantizar vivienda digna.

TIERRA: Los pueblos originarios y las familias campesinas necesitan seguridad y reconocimiento territorial.

TRABAJO: La tierra es fuente de trabajo y producción de alimentos.

TRASCENDENCIA: La relación con el territorio tiene también una dimensión cultural, espiritual y comunitaria.

Defender la tierra es defender la vida.

SICSAL ARGENTINA: UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Desde SICSAL Argentina expresamos nuestra preocupación ante la creciente conflictividad territorial y llamamos a las organizaciones sociales, comunidades cristianas, movimientos populares, sindicatos, universidades, organismos de derechos humanos y organizaciones ambientales a construir una mirada común.

No podemos naturalizar los desalojos.

No podemos aceptar que la criminalización sea la respuesta frente a quienes defienden sus territorios.

No podemos permitir que el agua y la tierra sean tratados exclusivamente como mercancías.

No podemos discutir la soberanía argentina sin discutir quién controla su territorio.

Y no podemos hablar de democracia mientras comunidades enteras sean excluidas de las decisiones que afectan su propia existencia.

EL MAPA DE LA RESISTENCIA

Los puntos  que aparecen en nuestro mapa nacional no representan solamente conflictos.Representan también resistencias: Salta, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut.

En cada uno de esos lugares hay personas y comunidades defendiendo algo que consideran irrenunciable: Su tierra, Su agua, Su trabajo, Su memoria. Su cultura, Su futuro.

 

LA PREGUNTA NO ES SOLAMENTE QUIÉN ES DUEÑO DE LA TIERRA

La pregunta es: ¿PARA QUÉ QUEREMOS LA TIERRA?

¿Para especular?

¿Para concentrarla?

¿Para venderla?

¿Para explotarla?

¿Para convertirla en un activo financiero?

¿O para producir alimentos, garantizar vivienda, sostener comunidades, preservar el agua y construir un país soberano?

La discusión sobre la tierra que atraviesa hoy a la Argentina no es una discusión secundaria.

Es una discusión sobre el modelo de país.

La modificación de las reglas sobre propiedad rural, el fin de la emergencia territorial indígena y los nuevos conflictos por desalojos, loteos y proyectos extractivos deben ser analizados dentro de un mismo escenario político: una disputa cada vez más intensa por el control del territorio y de los bienes comunes.

 

Desde SICSAL Argentina reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos originarios, las comunidades campesinas y las poblaciones rurales que defienden sus territorios.

Porque creemos que:

NO HAY JUSTICIA SIN TIERRA.

NO HAY DIGNIDAD SIN TERRITORIO.

NO HAY SOBERANÍA SIN CONTROL DE LOS BIENES COMUNES.

NO HAY FUTURO SI EL DESARROLLO SE CONSTRUYE SOBRE EL DESPOJO.

SICSAL ARGENTINA

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe

 

Agosto de 2026

 

Este artículo constituye un análisis político-periodístico basado en información pública disponible. 

El mapa que ilustra esta nota fue elaborado por el equipo de Comunicación EntrePueblosRadio de Sicsal Argentina

Gerardo Duré

argentina@sicsal.net