Consideramos un paso correcto la decisión de la intervención estatal de la empresa Vicentín, y el compromiso de tratar en el Congreso la ley que declare de utilidad pública la empresa para su expropiación, una necesidad que debe ser resuelta. También y como medida prioritaria asegurar los puestos de trabajo de miles de trabajadores y el pago a tantísimos productores agropecuarios. La empresa Vicentín es una de las grandes exportadoras de productos de origen agropecuario de Argentina y está entre las 5 o 6 más grandes, todas ellas multinacionales. Una empresa que hoy tiene deudas por u$s1.500 millones, entre trabajadores, productores, AFIP, bancos públicos (u$s 400 millones) y empresas privadas. Pero que nunca dejó de obtener enormes ganancias, además de extranjerizar, tener cuentas off shore en Panamá, y fraudes demostrados, fuga de divisas y lavado de activos también vía Paraguay y Uruguay y delitos por evasión tributaria -triangulaciones con empresas del propio grupo con el fin de bajar el precio de las exportaciones argentinas, posiblemente fraguando supuestas exportaciones, para conseguir tasas preferenciales-, además de delitos por usos incorrectos de importantes sumas de créditos públicos. Una empresa del agronegocio subordinado a las transnacionales del sector que ha crecido en forma permanente y en gran magnitud, desde la dictadura genocida hasta estos días, favorecido por las políticas productivas e impositivas del Estado, por el modelo sojero y de los transgénicos, impuesto fuertemente en los años 90, y que se ha mantenido a lo largo de todos los gobiernos. Hoy se encuentra en convocatoria de acreedores en otra clara operación fraudulenta ya cuando sus ingresos venían siendo extraordinarios en los últimos años. Aun así, la empresa recibió un crédito otorgado por el último gobierno nacional a través del Banco Nación de forma sospechosa que hoy está siendo investigado por la Justicia, una clara maniobra delictiva en contra del Estado Nacional. La sospecha de agranda cuando le sumamos que la empresa aportó a la campaña presidencial de Macri en 2019. Nuestro repudio y condena a los responsables de esta estafa. Consideramos necesaria la expropiación total, sobre la base de una idea ética colectiva de utilidad pública con participación de las y los trabajadores/as y pequeños productores en la gestión. Y empujamos desde nuestro lugarcito de lucha que sea ley, y además es justo necesario y de ética pública recuperar el dinero del Estado, que esperamos atentos sirva para reorientar sus objetivos económicos y que deberían también ser claramente sociales, aportar mejores condiciones para el mercado interno de alimentos, en lugar de la exportación, que permita facilitar mecanismo de control de precios y de fuga de capitales, empezar a meterse aunque apenas en el control del mercado de granos, pero no para quedarnos ahí solamente, ya que esto no tiene sentido si no recuperamos los puertos; sino para comenzar un responsable camino hacia el aporte de modos de gestión productiva y comercial distintas que tenga en perspectiva un nuevo modelo productivo nacional. No tendrá valor si es para gestionar con la misma lógica empresarial neocolonial de subordinarse a la imposición del modelo capitalista agroexportador. Tampoco tendrá valor, incluso todo lo contrario, si el modelo de YPF es el que se pretenda seguir con Vicentin. No sólo YPF se mantuvo como sociedad anónima, sino que continuó y profundizó un modelo energético dependiente y contaminante, además de haber instalado el fracking con Vaca Muerta. YPF Agro, que dijeron desde el gobierno es quien se hará cargo de la gestión, hay que decirlo, es parte de las empresas protagonistas del modelo sojero y productora de glifosato. Por lo tanto, nos adelantamos, esto no tendría nada que ver con el argumento de “soberanía alimentaria”, desde por lo menos su significado correcto, ni tampoco con una empresa pública de alimentos para esta decisión de intervención y posterior expropiación que básicamente apoyamos. Este modelo de producción capitalista (agronegocio), que han aceptado y promovido los distintos gobiernos de las variantes de la corporación política bipartidista, lejos de resolver el problema del hambre, contamina y no garantiza la alimentación para todos y mucho menos alimentación sana, generando dependencia y enormes costos humanos, económicos y ambientales. El agronegocio es el desarrollo del extractivismo en el agro, que arrebata territorios, tierra, agua. Lamentablemente no es buena noticia que el interventor sea Gabriel Delgado, un activo defensor del uso de los transgénicos, que niega los efectos del modelo de fumigaciones y agrotóxicos, alineándose con el discurso de las corporaciones como Monsanto y otras. La posible expropiación deberá plantearse un nuevo objeto social. El objeto y los objetivos comerciales y estratégicos del grupo Vicentin deberán terminarse, donde algunas de sus empresas son las principales en el proceso de moliendas de soja, y por lo tanto no escapa a la lógica empresaria vinculada al agronegocio, no son la producción de alimentos. La expropiación total debe permitir la formación de una empresa pública sin socios pertenecientes a las multinacionales del agro, que pueda plantearse con voluntad política y protagonismo de trabajadores y productores nuevas formas, transformación tecnológica y productiva, pero para la producción de alimentos. Que sea el punto de partida para analizar debatir como pueblo y promover un nuevo modelo, la soberanía alimentaria, la democratización y tenencia de la tierra, la suspensión del pago de una deuda fraudulenta, y que además tiene relación directa con el modelo agroexportador de dependencia y contaminación para la obtención de divisas, un sistema perverso. Un plan agrario nacional con el objeto de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la diversidad agropecuaria. Que termine con la expulsión sistemática de comunidades indígenas, campesinos y pequeños productores, condenados a la pobreza e indigencia en las periferias de las ciudades. Terminar también con la devastación de millones de hectáreas de bosques nativos, y terminar con el uso del glifosato y otros agrotóxicos. Recuperar los puertos, el control del comercio de granos, los bancos para un nuevo modelo que priorice la producción interna, las herramientas operativas para las comunidades productivas, promover la agroecología familiar, y las economías regionales. Ir por la soberanía alimentaria, que no sólo debe estar determinada por las formas de producción de los alimentos, sino también por las modalidades de distribución y consumo. No tendrá sentido si no es para todxs. Y una comprometida desconcentración y democratización de la propiedad de la tierra Queremos expresar nuestra valoración a la enorme lucha de tantísimos colectivos que resisten y luchan todos los días contra el modelo capitalista extractivista dependiente, que desiguala, desarraiga comunidades enteras, hambrea, contamina, mata. Y que van a vencer, vamos a vencer. Consideramos necesario profundizar el debate acerca si la producción agropecuaria debe ser para exportar y generar divisas, que hoy se utiliza para pagar intereses de una deuda externa fraudulenta; o si debe priorizar y orientar hacia la alimentación sana para toda la población. Un modelo agropecuario que permita alimento sano para cada hermana y hermano. Hoy más que nunca es urgente debatir los cambios profundos que se necesitan realizar en la estructura productiva, seguir luchando junto a las resistencias colectivas de nuestro país y del mundo, promoviendo el protagonismo popular y el de lxs trabajadores para terminar con el modelo que en la actualidad es dominante-hegemónico en todo el mundo. Consideramos importante la expropiación, y debemos demandar como pueblo que sea un punto de partida hacia el debate necesario de una soberanía alimentaria y popular, que termine con el modelo capitalista del agronegocio, y entendemos que para esto es imprescindible que encontremos junto a tantos y tantas resistentes una vía de diálogo certera con nuestro pueblo, del que somos parte, para construir un proyecto humano de producción, soberano, emancipador. Compartimos lo planteado en el foro mundial realizado en la ciudad de La Habana en 2001 que definió a la soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental”. Desde esa definición, se entiende que la soberanía alimentaria se ejerce cuando los pueblos definen cuándo, cómo, dónde y qué alimentos producir, pero, además, quienes y para quienes se producen esos alimentos. Corriente Nacional Emancipación Sur.