La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor por una Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, colectivos que integran más de treinta organizaciones de víctimas de derechos humanos y que acompañan la lucha por la justicia transicional, desde hace muchos años,a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional,expresamos:
•Nuestro apoyo y solidaridad por el juicio del Caso Jesuitas que se está llevando a cabo en España, en contra de un militar de alto rango,acusado como autor intelectual de la masacre.Este juicio es una contribución positiva y emblemática en aras de superar la impunidad delos crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos en el contexto del conflicto armado salvadoreño. Esperamos que nuestro sistema judicial siga este ejemplo, pues tiene la obligación constitucional de superar esta deuda histórica, reabriendo el proceso judicial para juzgar al resto de acusados que se encuentren en El Salvador, luego que la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de extradición realizada por la Audiencia Nacional de España.
•Nuestro apoyo y solidaridad, a las y los sobrevivientes y los familiares de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, cuyo proceso judicial ha continuado avanzando. Un esfuerzo que es importante destacar, porque este caso está demostrando que la falta de una legislación en justicia transicional no es un obstáculo para cumplir con la justicia en el marco del debido proceso,y colocando a las víctimas en el centro. Esperamos que pronto culmine la etapa de instrucción y finalmente los acusados enfrenten un juicio por estos hechos aberrantes.•Urgimos que se avance con las investigaciones penales en los casos de niñas y niños desaparecidos, incluyendo a las hermanas Mejía Ramirez, desaparecidas en el contexto de la Masacre de El Mozotey lugares aledaños. Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente ha admitido el caso Rivas, cinco niños desaparecidos en 1982. De no operar la justicia interna en este caso, el Estado de El Salvador podría ser condenado de nuevo a nivel internacional.
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