Publicamos éste análisis sobre el proceso de paz en Colombia del Defensor de Derechos Humanos, el sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno, quien hace parte de la construcción de la Alianza ConVida20. Consideramos de suma importancia su reflexión para la Comisión de Trabajo "Construcción de paz, Noviolencia y militarismo" de la Alianza. En ella un agudo análisis de los límites de los acuerdos logrados entre gobierno y las FARC-EP, y del modo como el gobierno fue "haciendo trizas" el acuerdo al que habían llegado. Al final todo un itinerario de lo que debe ser una construcción de paz. Fue publicado originalmente en su portal web www.javiergiraldo.org
***
[Estas reflexiones fueron escritas para ser presentadas en el Foro Internacional: “Paz…. Cuál Paz?”, programado para el 18-20 de marzo de 2020 en Bogotá, en el Congreso Nacional y la Universidad Nacional, evento cancelado a causa de la pandemia Covid-19]
Se suele hablar de paz cuando se logra la solución de un conflicto. Pero esa solución puede consistir en abordar las causas del conflicto y llegar a un acuerdo entre las partes enfrentadas, de modo que ambas queden satisfechas, o en imponer y lograr que se acepte la posición de una de las partes contra la voluntad de la otra, lo cual lleva a una paz forzada, imperfecta o aparente, que continúa obrando como germen de nuevos conflictos.
Espectro de una heredada médula violenta
El conflicto armado colombiano es inseparable del conflicto social. Desde la independencia de España, el tipo de nación o república o Estado que se fue configurando llevaba el conflicto en su misma médula, como una fuerza congénita. Las tierras, riquezas y beneficios se repartieron como conquistas a los oficiales combatientes en la guerra de independencia. A los indígenas se les desconoció su tradición de propiedad colectiva de la tierra y se buscó someterlos a un régimen de propiedad privada negociable, el cual fracasó y obligó a devolverles a medias los resguardos, no sin calificarlos oficialmente como “salvajes” (Ley 89 de 1890), marginados de la civilización y considerados prácticamente como menores de edad. En el siglo que sucedió a la “independencia”, el acaparamiento de tierras baldías adjudicadas por el Estado fue escandaloso, produjo la concentración de monstruosos latifundios en muy pocas manos y el problema de las masas campesinas sin tierra fue degenerando en una esclavitud de hecho y en verdadera tragedia, originando éxodos interminables hacia tierras inhóspitas de difícil sobrevivencia. Las pugnas entre cacicazgos regionales llevaron a que en el siglo siguiente a la independencia se desarrollaran 9 guerras civiles nacionales, 14 guerras regionales y numerosas revueltas locales. El Estado nacional nunca ha dejado de ser profundamente conflictivo por la desigualdad económica que arrastra y por las luchas por mantener en el control del Estado a élites ricas y poderosas cuyas fracciones se enfrentan y se reconcilian intermitentemente de acuerdo a sus mezquinos intereses.
Pero la gran contradicción o conflicto eje se ha dado entre la élite gobernante o dirigente del país y la grandes mayorías pobres y medias, incluyendo allí las colectividades étnicas. Para defenderse del reclamo y del inconformismo, la capa dirigente se dotó desde muy temprano de fuertes armas ideológicas que estigmatizaron, desprotegieron legalmente y sometieron a procedimientos opresivos, represivos y destructivos a quienes impulsan movimientos sociales en favor de un modelo más justo. La Iglesia Católica sirvió de puntal ideológico en ese conflicto por su anti-comunismo radical, erigido como principio constitucional en la Constituyente de 1953 (Acto Legislativo # 6) y en sus proyecciones legales, como la Ley 334 de 1956 que creó 13 delitos de colaboración con el comunismo, cuyos sindicados fueron sometidos a consejos verbales de guerra en la justicia penal militar. Por su parte, Estados Unidos asumió el monitoreo de la seguridad nacional desde los años 50 e implementó en el país los peores instrumentos militares y policiales para destruir a los inconformes bajo los pretextos de guerra fría, enemigo interno, seguridad nacional, subversión o terrorismo e infiltración hemisférica y luego bajo el camuflaje ficticio de “narcotráfico”. Esto hizo que los códigos legales se diseñaran y redactaran en función del conflicto así configurado, siguiendo la polaridad Estado/Enemigo o las pautas del Derecho Penal de la Exclusión.
En los años 80 del siglo XX, la penetración progresiva de los principios de la globalización económica neoliberal y simultáneamente del narcotráfico, lleva a reconfigurar las élites de control del Estado, fusionando en gran parte las aristocracias partidistas del pasado con los modernos empresariados transnacionales y mafiosos, mientras los Estados Unidos encontraban en la represión externa y selectiva al narcotráfico nuevos pretextos para destruir los movimientos que apuntaban a cambios sociales o asumían rasgos anti-imperialistas. Al mismo tiempo, en los años 80 se iniciaron en Colombia procesos de paz o de negociación con las insurgencias.
En el pdf leer el artículo completo.