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Colombia se encuentra en este momento en una grave encrucijada. Por muchas décadas que se remontan casi a la independencia de España, el Estado ha sido propiedad de unas élites poderosas que lo han sometido a sus intereses privilegiados y han configurado formalismos democráticos que excluyen de una real participación en las decisiones a las grandes mayorías nacionales. La engañosa participación electoral se ha manejado mediante el soborno económico, el chantaje laboral y la manipulación mediática, sin que el pueblo tenga acceso real a propuestas programáticas claras e imperativas para los elegidos. El estallido social que se vivió entre 2019 y 2021 y que fue ahogado en sangre y en crueldad por el gobierno de turno, constituye un grito apremiante de las grandes mayorías nacionales, despojadas de sus derechos, en rechazo al modelo de sociedad, de Estado y de economía que se habían consolidado gracias a la más aberrante corrupción.
El descontento progresivo fue llevando al desarrollo de una candidatura alternativa que en 2018 logró un inédito respaldo, pero los indicios de un monumental fraude en el software chocaron con una impotencia técnica para evidenciarlo, indicios que se repitieron con mayor evidencia en las elecciones de Congreso en marzo de este año 2022. Al tiempo que la candidatura popular llegó a cifras nunca antes logradas, a última hora apareció una opción populista que captó el lenguaje anti-sistémico expresado en gran parte en el estallido social, y a través de propuestas atrevidas no sustentadas y evadiendo todo debate racional, ha querido bloquear la candidatura más arraigada en los movimientos sociales de base, alineándose en la terrible ruta seguida por Trump en los Estados Unidos y por Bolsonaro en el Brasil.
No ignoramos que uno de los núcleos ideológicos de que ha echado mano la propaganda de las élites dueñas del Estado, para no dejarse arrebatar su consolidada dominación, ha sido el arraigado anticomunismo, fortalecido por más de un siglo en la consciencia masiva con la complicidad de estructuras religiosas, empresariales, militares e imperialistas. Valiéndose de las técnicas más perversas de la propaganda y de la alienación de conciencias, han configurado etiquetas estigmatizantes que logran marcar con símbolos del mal a la búsqueda de justicia, de transparencia y de solidaridad y con símbolos del bien a las formas más sofisticadas de egoísmo clasista y a las técnicas más excluyentes, selectivas y opresoras.
Con la misma convicción que nos movió en 2017, en vísperas de la visita a Colombia del Papa Francisco, a pedir perdón como católicos y como cristianos a la sociedad colombiana por nuestra enorme contribución institucional a los siglos de violencia vividos en Colombia, ahora queremos compartirles nuestra convicción de que la fe cristiana está al lado de cambios estructurales que garanticen el acceso de TODOS a los bienes que sustenten una dignidad humana fundamental. Esos cambios deben ser propuestos a los miembros de la sociedad con claridad racional, sin evadir debates ilustrativos que estimulen una opción ética fundamentada. Nunca antes los colombianos habíamos tenido acceso a propuestas concretas que tocaran los núcleos más decisivos de la opresión de las mayorías nacionales. Si bien el Pacto Histórico lo hecho en gran parte, sabemos que no abarca todos los núcleos problemáticos de la sociedad más desigual y más violenta del continente. Llamamos a discernir con responsabilidad las etiquetas estigmatizantes y a no dejar manipular nuestras conciencias por el dominio de unos medios que han estado siempre al servicio de la injusticia, la mentira y la violencia.
Creyentes que apelamos a creyentes. - Colombia – Junio de 2022
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