La creciente conflictividad social en Bolivia sumó un nuevo episodio de tensión luego de que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDH-LP) difundiera un pronunciamiento público denunciando “represión, aprehensiones arbitrarias y criminalización de la protesta sindical” contra trabajadores y dirigentes fabriles movilizados en distintos puntos del país.
El documento, fechado el 6 de mayo de 2026 en la ciudad de La Paz, expresa una “profunda preocupación y firme rechazo” frente a operativos policiales realizados en el marco de protestas y acciones sindicales vinculadas a la crisis económica y laboral que atraviesa Bolivia.
La APDH-LP sostiene que las detenciones se produjeron tras movilizaciones y una toma simbólica del Ministerio de Trabajo por parte de organizaciones fabriles. Según el organismo de derechos humanos, las acciones policiales constituyen un intento de disciplinamiento social y una vulneración de garantías constitucionales fundamentales.
“La protesta no es delito”
En el pronunciamiento, la organización recuerda que la protesta pacífica, la organización sindical y la defensa de los derechos laborales están protegidas por la Constitución boliviana y por tratados internacionales de derechos humanos.
“La respuesta institucional frente al descontento legítimo no puede ser la cárcel ni el silenciamiento de quienes ejercen su derecho a la palabra, la reunión y la huelga”, señala el texto.
La APDH-LP advierte además que Bolivia atraviesa una profunda crisis económica y social, marcada por el aumento del malestar popular, conflictos laborales y cuestionamientos a la capacidad del gobierno para responder a las demandas de los sectores trabajadores.
En ese marco, el organismo acusa al Ejecutivo de recurrir a mecanismos de persecución y amedrentamiento contra dirigentes sindicales, en lugar de abrir espacios reales de negociación.
Dirigentes detenidos
El documento exige la liberación inmediata de al menos trece dirigentes y trabajadores fabriles detenidos durante las protestas. Entre ellos se encuentran referentes sindicales de Cochabamba y La Paz, integrantes de federaciones fabriles y miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles de Bolivia.
La APDH-LP denuncia que las detenciones “carecen de sustento legal” y reclama garantías para la integridad física y psicológica de las personas arrestadas, acceso a defensa legal y respeto al debido proceso.
Asimismo, el organismo pide el “cese inmediato del hostigamiento” contra sindicatos, movimientos sociales y defensores de derechos laborales, incluyendo allanamientos irregulares y actos de persecución política.
Crisis social y conflictividad
El conflicto se desarrolla en un contexto de creciente tensión económica en Bolivia. Durante los últimos meses, diversos sectores sociales —entre ellos trabajadores fabriles, transportistas, comerciantes y organizaciones populares— protagonizaron protestas por el deterioro del poder adquisitivo, el incremento del costo de vida y la falta de respuestas oficiales.
Las organizaciones sindicales denuncian que la crisis afecta especialmente al sector industrial y obrero, con pérdida de empleos, caída de salarios reales y dificultades para sostener la producción.
En este escenario, las movilizaciones fabriles buscan instalar reclamos vinculados a condiciones laborales, estabilidad económica y defensa de derechos sindicales.
Derechos humanos y democracia
La APDH-LP remarca que “ningún gobierno puede pretender gobernar mediante el miedo” y sostiene que la democracia boliviana se debilita cuando se persigue a dirigentes sociales por ejercer derechos constitucionales.
El organismo anunció que continuará acompañando a trabajadores y organizaciones afectadas, documentando posibles violaciones a los derechos humanos y exigiendo verdad, justicia y reparación.
“La historia laboral de Bolivia se construyó con unidad, no con cadenas”, concluye el comunicado, en una frase que sintetiza el clima de confrontación que atraviesa actualmente el país andino.