El día martes 14 de junio del 2022 a las 10 de la mañana, el juez correspondiente en la audiencia de apelación a la medida de aseguramiento, ordenó trasladar a prisión intramural, es decir, a la cárcel, a Julián Otero, Karina Cepeda, Johnathan Cortés, Maura Valentina Díaz y Andrés Rodríguez, que desde el día 29 de octubre se encuentran detenidos en prisión domiciliaria. Esta decisión ocurrió en el marco del Paro Nacional del año 2021, siendo arrestados por los supuestos delitos de concierto para delinquir, lesiones personales, secuestro simple, amenazas, hurto simple, tortura, daño en bien ajeno, perturbación en transporte público y terrorismo, de los cuales algunos fueron desmentidos en las primeras audiencias y reducidos a otros de menor gravedad.
Algunxs de lxs jóvenes fueron juzgados por participar en una manifestación por la defensa del humedal Tibabuyes, en el marco de su desalojo. Julián participaba activamente en el campamento, en la organización de talleres, encuentros y charlas, en un ejercicio de proteger y visibilizar la urgencia del cuidado al territorio que está siendo víctima de empresas que quieren construir allí. Johnatan y Karina cubrían en vivo los sucesos, por ejemplo, la llegada del ESMAD al humedal y el lanzamiento de gases lacrimógenos tan nocivos que tapaban el cielo y el área del humedal. Así mismo, cubrían las agresiones a las y los manifestantes en medio del escenario de la protesta.
Los historiales de estos y estas jóvenes son largos, pero no en ataques, arremetidas o actos ilegales, sino en el trabajo voluntario que realizaban en sus localidades en campos del arte, la literatura, el periodismo popular y la libre expresión en sus facultades como ciudadanas y ciudadanos. Han pasado ocho meses desde que les condenaron a una detención domiciliaria injusta, carente de pruebas fehacientes, en donde la Fiscalía ha buscado difamar y calumniar a lxs jóvenes que únicamente ejercían su derecho a la libre expresión en contextos sociales, culturales y políticos. Ocho meses en sus casas, cumpliendo con la condena sin desobedecer pese a lo difícil que es el encierro, donde han pasado por terribles necesidades económicas, crisis emocionales, con madres cabeza de familia y adultas mayores que no pueden ir a trabajar, o con hijas que cuidar, con urgencias de salud que atender y demás estados vulnerables, que son invisibles y silenciados.
Las condiciones de lxs presxs políticxs son precarias en un país donde los derechos humanos no se garantizan y menos en estas instituciones. Les llamamos presxs políticxs, porque su labor popular la dedican a causas justas y sociales, que se alejaban de la ilegalidad de la cual son acusados, estos casos no son aislados, cientos de jóvenes han sido juzgados de “terroristas” en un discurso amañado de un gobierno violador de derechos humanos que se acoge a destruir la vida de sus jóvenes para dar muestra de su habilidad en derrotar la "ilegalidad". Los falsos positivos judiciales son una realidad que pese a las luchas aún se mantiene invisible.
Esta decisión es dolorosa para quienes conocemos la verdadera historia de los hechos y la verdadera vida de estxs jóvenes que creen y trabajan en que este país puede cambiar. Esta decisión es la pieza del rompecabezas de un gobierno que está a punto de ser destituido en el marco de las elecciones presidenciales de Colombia, que busca ganar popularidad a como dé lugar, cual patada de ahogado, en derrotar a los “criminales” del paro nacional, porque así saben jugar; usar la vida de inocentes para agrandar su popularidad en los medios de comunicación y las esferas internacionales.
Nos solidarizamos de todo corazón con las familias, con las hijas que se quedarán sin madres y padres, con los hijos que estarán lejos de su hogar, temiendo por la vida y la integridad en la prisión, pues la cárcel no es un lugar seguro, menos para quienes son acusados injustamente por crímenes de ese nivel, crímenes que NO cometieron y exigimos como ciudadanía, organizaciones, colectivos e individualidades sensibles, que la Fiscalía y aparatos judiciales que cumplan con el debido proceso fuera de los intereses electorales del momento en su obligación de desmantelar las mentiras e infamias que están a punto de seguir destruyendo la vida y la dignidad de personas honestas e inocentes.
A la comunidad nacional e internacional pedimos tener los ojos encima, difundir esta información a los entes correspondientes para encontrar la verdad, y trabajar para develar las pruebas irrefutables que den cuenta de la inocencia de estxs jóvenes que hoy se encuentran destrozadxs por estas decisiones arbitrarias.
A la prensa y medios alternativos les pedimos sigan con su labor, que pese a la estigmatización y la amenaza, tenemos el derecho a la libertad, y les rogamos hacer uso de esta información para divulgar esta situación, así como a todos los medios de comunicación y personas con reconocimiento en el ojo público, hacer uso de sus plataformas para hacer visible la verdad.
Es urgente unirnos contra la injusticia que rompe el tejido social y político del país, desde barrios, comunidades y procesos no permitiremos que nuestros sueños se amilanen, seguiremos en pie. Defendemos el derecho a la libertad, a la libre expresión y la libre participación cultural y política, y llamamos a la solidaridad en aras de acabar con los falsos positivos judiciales y llegue sin demora la liberación de los y las compañeras.
Hasta la libertad siempre.
Nos unimos organizaciones sociales y populares de Colombia y América Latina:
