En el último Círculo del Silencio que tuvo lugar en Zaragoza el pasado 3 de marzo, como todos los primeros viernes de mes, el manifiesto que se leyó presentó dos hechos sucedidos en esta última semana. Dos caras de la misma moneda sobre situación de los migrantes en Europa: los más de 100 muertos, ahogados a las costas de Calabria (Italia) debido a la omisión de socorro ante el naufragio del barco en el que viajaban hacinados y que habían partido de Turquía 4 días antes, y, por otro lado, una noticia que muestra el rostro de la solidaridad. Decían: “Esta semana también recibíamos la noticia por parte de la Junta Electoral Central que daba por buenas las más de 500.000 firmas recogidas y validadas para pedir que a otros 500.000 personas, vecinos, compañeros de trabajo, pero que no tienen papeles, puedan ser regularizados y vivir en igualdad de condiciones.
Ahora la última palabra la tendrá el parlamento, Pero sólo el hecho que se hayan recogido más de 700.000 firmas en una iniciativa colectiva que ha aunado el esfuerzo de asociaciones de migrantes, colectivos sociales y entidades religiosas de diferentes confesiones en un objetivo común, es un hecho para celebrar.”
Una ILP, o iniciativa legislativa popular, es una herramienta de la ciudadanía para presentar proposiciones de ley que sean debatidas por el parlamento, En España, las Cortes Generales. De acuerdo con la Ley Orgánica que las regula, se exige que se presenten suscritas por las firmas autenticadas de, al menos, 500.000 electores, mayores de edad, de nacionalidad española e inscritos en el Censo electoral.
Esta opción fue la elegida, tras las vivencias de la pandemia, por un movimiento plural liderado por las personas migrantes, compuesto por múltiples organizaciones sociales, con la intención de conseguir que este país se reconozca como más diverso y trate a las personas migrantes y racializadas como personas de pleno derecho. Este movimiento,
El proceso tiene como objetivo que se debata en el Congreso de los Diputados la propuesta de regularización extraordinaria de las más de 500.000 personas migrantes que viven en España en situación administrativa irregular y que por ello están en un limbo burocrático, desempeñando trabajos esenciales a la vez que carecen de los derechos más básicos: no tienen tarjeta sanitaria, ni firmar un contrato, ni alquilar un piso, por ejemplo.
El procedimiento exige que, en un plazo marcado, se consiga las mencionadas 500.000 firmas en unos pliegos específicos con el texto de la proposición, y que aquéllas se consideren válidas por la Junta Electoral Central.
Los objetivos que los promotores, y con ellos, todos los que hemos apoyado, esperamos conseguir son:
- Queremos conseguir un debate social que se resuelva de forma favorable a la regularización de las personas extranjeras.
- Queremos lograr los apoyos parlamentarios suficientes para que la iniciativa legislativa sea aprobada en el Congreso.
- Queremos conseguir un cambio de percepción en la sociedad sobre las personas migrantes, para que sean consideradas personas de pleno derecho y no sean vulnerabilizadas.
- Queremos que las personas se movilicen y sean protagonistas en este proceso de cambio.
El número de organizaciones implicadas en apoyarla y el hecho de haber conseguido 715.245 firmas, de las que se han entregado 611.821, lo que ha permitido superar la exigencia de las 500.000 firmas válidas, supone la evidencia de un debate social favorable, y una mejor percepción sobre las personas migrantes.
La propuesta objeto de la iniciativa se refiere a la modificación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de extranjería) con la siguiente redacción: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”.
El 21 de febrero de 2023, la mesa de la Cámara acordó publicar su texto en el Boletín Oficial de las Cortes e iniciar los trámites para su debate y deberá ser incluida en el orden del día del Pleno en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración.
Más información:
https://esenciales.info
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-330-1.PDF
http://circulodesilenciozaragoza.blogspot.com