Sra. Michelle Bachelet
Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Palais Wilson
Quai Wilson 47
1201 Ginebra
Suiza
Asunto: Golpe de Estado en Bolivia: implicaciones, consecuencias para el disfrute de los derechos humanos y llamado a la acción
Apreciada Señora Alta Comisionada:
Escribimos la presente comunicación en nombre de varias organizaciones representativas de diferentes sectores sociales y regiones del mundo, que tienen en común el objetivo de luchar por la promoción y protección de los derechos humanos y el respeto de los principios básicos de la democracia y la justicia.
Nos dirigimos a Usted para solicitar con carácter urgente que se posicione firme y públicamente respecto al golpe de Estado cívico-militar en curso en el Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, le rogamos que tome todas las medidas necesarias para contribuir a poner fin a las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país y evitar que la situación degenere en una espiral de violencia sin control, con consecuencias catastróficas.
Es de conocimiento público que en la tarde del domingo 10 de noviembre el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, alegando un supuesto fraude electoral, “sugirió” al presidente Evo Morales que renunciara a su mandato constitucional. Este llamado fue hecho, a pesar de que el presidente Morales ya había acatado el resultado del informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre supuestas irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, y expresado su disposición para organizar nuevas elecciones.
Poco después, el presidente Morales y su vicepresidente anunciaron en televisión su renuncia, denunciando que lo que estaba ocurriendo era «un golpe cívico, político y policial» y que dejaban el cargo para proteger a las familias de sus aliados políticos, cuyas casas fueron incendiadas, y para evitar más violencia. También renunciaron a sus cargos el presidente de la cámara de diputados y la presidenta de la cámara de senadores, así como varios ministros del gobierno y otras autoridades del partido de gobierno MAS. Según las noticias que recibimos, dichas personas fueron víctimas de violencia y amenazas, incluyendo la quema de sus casas.
El martes 12 de noviembre, en flagrante violación del orden constitucional boliviano, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia, sin cumplir con los requisitos constitucionales establecidos, y anunció nuevas elecciones.
De conformidad con las informaciones recibidas, una preocupante ola de odio y violencia política está atravesando el país. Se multiplican los ataques contra los pueblos originarios campesinos y los defensores y defensoras de derechos humanos. Grupos armados van de casa en casa buscando adversarios políticos. Se están consumando varios tipos de violaciones de los derechos humanos, que afectan a amplios sectores de la población. Numerosas personas, entre ellas mujeres, niñas y niños, y personas mayores, denunciaron violaciones de su derecho a la libertad y a la seguridad e integridad personal, a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, y a la reunión pacífica. También se notificaron algunos casos de violaciones del derecho a la vida.
Hemos recibido además información fidedigna de violaciones de los derechos humanos de las y los familiares de representantes diplomáticos que se encuentran en el servicio exterior, quienes temen por su seguridad y sufren ante la dificultad para retornar a su país.
La agitación política y las limitaciones de las libertades fundamentales consecuentes al golpe también han dificultado el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los derechos a la educación, a la salud, y a la alimentación y al agua, afectando a los segmentos más vulnerables de la población.
Ante esta grave situación, nos preocupa que la Alta Comisionada aún no se haya pronunciado sobre la aguda crisis política y social que atraviesa Bolivia. En un contexto en el que las fuerzas armadas han tomado el control político del país, los organismos internacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en su protección – y deben actuar. Ignorar el contexto de acelerada militarización en la vida política del continente tendría consecuencias graves para el pueblo boliviano y para la legitimidad de los organismos de derechos humanos.
En este contexto, si bien somos conscientes de las enormes presiones políticas que dificultan la labor de su Oficina, consideramos urgente que Usted, en línea con su mandato, se posicione firme y públicamente respecto del golpe de Estado en curso en el país. Es vital prevenir patrones de represión como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de reunión y de expresión, y allanamientos y ataques indiscriminados en contra de viviendas. El respeto del Estado de derecho y de los principios básicos de la democracia son condiciones fundamentales para la promoción y protección de los derechos humanos.
Las Naciones Unidas invitaron la Alta Comisionada a “desempeñar un papel activo en la tarea de eliminar los actuales obstáculos y de hacer frente a los desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos y de prevenir la persistencia de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, como se refleja en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.
Por su parte, de acuerdo con la declaración de misión, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) debe trabajar por la protección de todos los derechos humanos de todas las personas. Según dicha declaración, tiene el compromiso de: dar prioridad a tratar los casos más urgentes de violaciones de derechos humanos, tanto agudos como crónicos, en particular aquellos que pongan en peligro inminente la vida de las personas; y enfocar su atención en quienes se encuentran en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad en múltiples frentes. Usted conoce bien las violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos que en el pasado las dictaduras militares cometieron en la región. Es crucial preservar la democracia y restablecer el orden constitucional en Bolivia. Es urgente garantizar la vida y la seguridad personal de todas y todos los representantes y simpatizantes del gobierno, dentro y fuera del país, así como el respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo boliviano.
Considerando la aspiración de todos los pueblos a un orden internacional basado en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular en la promoción y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en condiciones de paz, democracia y justicia, la instamos, Sra. Bachelet, como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a que en línea y en cumplimiento con su mandato:
– condene enérgicamente las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia como consecuencia del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019;
– haga un llamado para que se ponga fin de inmediato a todas las violaciones, se respeten incondicionalmente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y se restauren la democracia y el Estado de derecho;
– urja a todos los agentes e instituciones que se abstengan de recurrir a la violencia y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular el derecho a la vida, a la libertad de movimiento, libertad de expresión y de reunión pacifica;
– invite a todos los estados a brindar la necesaria protección internacional a todas aquellas personas que hayan sido amenazadas o que tengan fundado temor de ser víctimas de persecución, asegurando su derecho a pedir asilo o refugio de acuerdo con la legislación internacional;
– monitoree de cerca la situación en Bolivia, incluido el envío de una misión de observación en el país;
– adopte todas las medidas necesarias para que todo acto de violencia y violación grave de derechos humanos cometidos en el contexto del golpe de Estado sea investigado de manera independiente, imparcial y en cumplimiento del debido proceso; y
– adopte todas las medidas adicionales que considere necesarias para la salvaguarda de los derechos humanos, la paz y la democracia en el Estado de Bolivia.
Las organizaciones abajo firmantes confiamos en su determinación y valentía. Quedamos a su entera disposición y agradecemos de antemano la atención brindada a esta cuestión importante y urgente. Le solicitamos mantenernos informadas sobre las medidas adoptadas a este respecto. Aprovechamos la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima. Atentamente,
Firman la carta las siguientes organizaciones con Estatus Consultivo en Naciones Unidas Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Asociación Internacional de Juristas Demócratas (IADL)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centre Europe – Tier Monde (CETIM)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM)
FIAN International
Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarollo Social Society for International Development (SID)
Transnational Institute (TNI), NL
Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) – Cuba
Subscriben también la carta las siguientes organizaciones sin Estatus Consultivo:
Actuar – Associação pra a Cooperação e o Desenvolvimento – Portugal African Bar Association
ALTSEAN – Burma
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Asociación Civil Nace Un Derecho
Asociación Q’ukumatz – Guatemala
Asociación Venezolana de Juristas – Venezuela
Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) – Brasil
Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena – CAFAMI A.C. (México)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) – Ecuador Cine Migrante, Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) (Argentina)
Confederation of Lawyers of Asia and the Pacific (COLAP)
Corporación Solidaridad Jurídica – Colombia
Crisálida, biblioteca popular de género y diversidad afectivosexual, Tucumán, Argentina Dialogo 2000 Jubileo Sur Argentina
Droit Solidarité, France
Encuentro de Profesionales contra la Tortura European Coordination of La Via Campesina (ECVC) FIAN Brasil
FIAN Ecuador
FIAN Honduras
FIAN Suecia
FOCO Inpade
Foro de Abogados/as de Izquierdas (FAI-RAD) – España Giuristi Democratici (GD) – Italia
Haldane Society of Socialist Lawyers – UK
Hellenic Union of Progressive Lawyers – Greece
IndustriAll Global Union
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (México)
Instituto de Justicia y Derechos Humanos – UNLa
La Via Campesina (LVC)
Matria, Instituto sobre Cuestiones de Género – Tucumán, Argentina
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) – Brasil
Mundubat – España
National Association of Democratic Lawyers in South Africa (NADEL) – South Africa National Lawyers Guild (NLG) – USA
National Union People Lawyers (NUPL) – Philippines
Nouvelles Alternatives pour le Developpement Durable en Afrique (NADDAF) – Togo Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia
PODER, México & LATAM
Progress Lawyers Network – Belgium
Progressive Lawyers Association (CHD) – Turkey
Red europa de Comités Oscar Romero
Red Jubileo Sur America
Solidaridad Suecia – America Latina (SAL)
Sures – Venezuela
Terra de Dereito
Ukrainian Association of Democratic Lawyers – Ukraine
Unión de Juristas Saharauis (UJS) – Western Sahara
Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas UVOC – Guatemala
World March of Women
CC
Secretario General de las Naciones Unidas
António Manuel de Oliveira Guterres
Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli Corpuz
indigenous@ohchr.org
Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
E. Tendayi Achiume
racism@ohchr.org
Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos Michel Forst
defenders@ohchr.org
Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación Clément Nyaletsossi Voule
freeassembly@ohchr.org
Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Agnes Callamard
eje@ohchr.org
Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Nils Melzer
sr-torture@ohchr.org